Categoría: principios

Educación

UN SISTEMA EDUCATIVO QUE PROMUEVA CIUDADANOS LIBRES, CREATIVOS, RESPONSABLES Y BIEN FORMADOS

 

La educación y la enseñanza son el instrumento fundamental para asegurar la igualdad de oportunidades, la integración y cohesión social, el desarrollo individual, la socialización, el aprendizaje de los valores democráticos, la transmisión del conocimiento, el aprecio del saber, la ciencia, la cultura y el arte. A través de la educación y la enseñanza se transmite el valor del esfuerzo, la responsabilidad, la tolerancia, la colaboración y la empatía, se estimula la autonomía y la creatividad y se prepara al individuo para un futuro profesional en que pueda sentirse plenamente desarrollado.

El acceso a la educación en condiciones de igualdad es un derecho fundamental de todos los ciudadanos. La educación es un servicio público esencial, universal y gratuito, que debe ser protegido y asegurado por el Estado.
Somos partidarios de una enseñanza predominantemente pública y estatal como el mejor medio de asegurar la igualdad, pero no rechazamos la enseñanza concertada y privada.

 

La principal función de la educación es:
Formar personas con capacidad de autonomía y con sentido crítico para juzgar las distintas situaciones vitales y sociales que requieren su participación.
Transmitir conocimientos científicos y objetivos sobre la realidad del mundo que nos rodea.
Dotar al individuo de destrezas y habilidades que le faciliten el acceso a un puesto de trabajo digno y acorde con sus gustos y capacidades.
Despertar y estimular sus capacidades intelectuales, afectivas y creativas, así como la confianza en el esfuerzo como el mejor medio para alcanzar las metas que se proponga.
El alumno no debe sólo aprender, sino en adquirir y desarrollar la capacidad de aprender, dado que vivimos en una sociedad cada día más cambiante.
Transmitir un profundo sentido de la dignidad y la libertad inseparable de la responsabilidad y el cumplimiento de las normas de convivencia democrática.

Nuestro sistema de enseñanza, habiendo conseguido grandes logros desde la llegada de la democracia, ha ido perdiendo su capacidad para cumplir los objetivos señalados, y se encuentra en este momento en una crisis de modelo educativo, de confianza, de eficacia y de organización. Una prueba del fracaso de nuestro sistema y la necesidad de una profunda reforma es el hecho de que España figura como el segundo país de la Unión Europea con un índice de abandono escolar con un 19,4%, casi el doble de la media europea. Es preciso diseñar un nuevo modelo que corrija los errores cometidos y que goce de la confianza, en primer lugar, de los propios maestros y docentes. La reforma que nuestro sistema educativo necesita no puede ser obra de un partido, sino que tiene que elaborarse con la colaboración de todos.

Previamente a cualquier reforma creemos imprescindible establecer el principio de que nuestro sistema educativo debe ser único e igual en toda España, para lo que es necesario que las competencias en educación estén enteramente en manos del Estado Nacional. La entrega de estas competencias a las Comunidades Territoriales ha llevado a situaciones insostenibles, como la enseñanza sólo en catalán impuesta en Cataluña desde la guardería, caso único en el mundo, en el que se niega a los padres el derecho a que sus hijos reciban la enseñanza en su lengua materna que es, además, la lengua común y oficial del Estado.

Frente a este modelo monolingüe y excluyente defendemos otro basado en la libertad lingüística que garantice la enseñanza, en las Comunidades con dos o más lenguas oficiales, sea impartida siguiendo un modelo de 50% (en español o en la otra lengua oficial), 25 % (en la otra lengua oficial) y 25% (en inglés).

Lo que de ningún modo puede permitir el Estado es que la enseñanza se convierta en un sistema de adoctrinamiento y control de las conciencias, aprovechando la indefensión de los niños para inculcarles ideas y sentimientos de odio y rechazo a España y todo lo español, como está ocurriendo ya en Cataluña, el País Vasco y Galicia, y empieza a extenderse a la Comunidad Valencia y las Islas Baleares. La historia se ha convertido en manos de los nacionalistas en un instrumento fundamental de este adoctrinamiento y propagación de mitos y falsedades históricas, motivo que redunda en la necesidad de que la educación y la enseñanza sean competencias exclusivas del Estado.

 

En cuanto a la orientación que ha de seguir la reforma de nuestro sistema educativo, he aquí algunas de nuestras propuestas:

Es necesario reducir el número de materias de los distintos currículos y etapas de la enseñanza, dado que la proliferación actual produce la saturación de los horarios, la dispersión y falta de profundización en las materias básicas, pérdida de la capacidad de concentración y rendimiento del alumno.

Ante la polémica entre formación humanística/formación tecnológica, creemos que no deberían desaparecer, especialmente en el Bachillerato, materias como la filosofía, la historia y la literatura, imprescindibles para desarrollar las capacidades lingüísticas, discursivas y el pensamiento lógico. Las materias más técnicas deben desarrollarse en los distintos itinerarios, pero en general la escuela debe adaptarse al vértigo de los adelantos tecnológicos, (las llamadas tecnologías de la información y la comunicación).

No debe valorarse la educación solo en función de la preparación para insertarse en el sistema productivo, pero sí debe proporcionar a los alumnos que lo deseen la posibilidad de adquirir una buena formación práctica y profesional orientada al mundo productivo y laboral.

Tampoco se debe juzgar la importancia de la enseñanza superior sólo en función las salidas laborales que ofrece, como si el paro, el subempleo o la emigración tuvieran directamente algo que ver con la formación universitaria.

Una tarea urgente y prioritaria es dotar a los enseñantes de una formación práctica de la que hoy carecen. Debe cambiarse radicalmente la actual tendencia a convertir al profesor en un administrativo que dedica gran parte de su tiempo a elaborar programaciones, informes y cubrir trámites. Su principal tarea debe realizarse en el aula y en contacto directo con los alumnos. El resto del tiempo debe poder dedicarlo a la preparación de las clases, simplificando al máximo las tareas organizativas y burocráticas.

La educación física y la práctica deportiva deben ser un elemento fundamental en el proceso educativo como instrumento transmisor de valores saludables, humanos y de ocio.

La mejora en las condiciones materiales, la reducción del número de alumnos por aula, el aumento del profesorado especializado para atender a la diversidad, la discapacidad y el retraso escolar, son demandas reiteradas que deben tenerse en cuenta en cualquier reforma educativa.

No hay que olvidar que el mejor método para alcanzar logros educativos es despertar en los alumnos el deseo de mejorar y aprender. La emoción, la curiosidad, la motivación y el refuerzo positivo son más eficaces que el malestar, la ansiedad o el miedo.

Por ultimo, creemos que la enseñanza debe acomodarse al principio de laicidad del Estado, que establece la separación entre el ámbito público y el religioso. La libertad de creencias, de religión y de culto debe protegerse y asegurarse mediante la neutralidad laica del Estado, pero no a través de ningún tipo de subvención o ayuda. De acuerdo con esto estamos en contra de que la religión católica (o cualquier otra religión) sea materia de enseñanza en la escuela pública, y menos aún que sea subvencionada directamente por el Estado, que es quien paga hoy a su profesorado. No existe ningún derecho abstracto a “la formación religiosa”, ya que esto implicaría elegir una religión sobre otra e ir en contra del principio de igualdad y no discriminación por razones de religión o creencias. Es este un asunto particular de los padres y no del Estado.

Cualquier reforma del sistema educativo pasa por una mayor inversión. El objetivo es acercarnos al 5% del PIB. Sabemos que la inversión en educación repercute directamente en el aumento de la riqueza de un país.

 

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Servicios sociales

ASEGURAR LAS AYUDAS Y SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS PARA QUIENES MÁS LO NECESITAN

 

Nuestra sociedad, fundamentada en el principio del respeto a la propiedad privada, la libertad de mercado, la acumulación de riqueza, la libre competencia e iniciativa particular, ha generado un alto grado de desarrollo y bienestar material que se ha extendido a gran parte de los trabajadores y clases medias. En este reparto de los bienes y la riqueza ha sido fundamental la intervención del Estado, no sólo regulando las relaciones entre trabajadores y dueños de los medios de producción y distribución, sino creando las condiciones para ese desarrollo, controlando la explotación de los recursos naturales y la defensa del medio ambiente, desarrollando infraestructuras, extendiendo de la educación, la sanidad y la protección social a todos los ciudadanos, promoviendo los sectores industriales básicos, creando las condiciones jurídicas, de seguridad y defensa imprescindibles para el orden y la convivencia, etc. El Estado tiene que seguir cumpliendo su misión impulsora, reguladora y redistributiva.

Pero el capitalismo actual ha generado, al mismo tiempo, grupos de exclusión y marginación cada día más extensos, incapaz de integrar dentro de su sistema productivo y de bienestar a capas de la población que, herederas de una situación de precariedad y pobreza, han ido perdiendo toda oportunidad de mejora, empezando por la imposibilidad de acceder a un mercado de trabajo cada día más escaso y en condiciones de sobreexplotación e inseguridad. Es aquí donde la labor del Estado es imprescindible para evitar la degradación de la vida de las personas y recuperar sus dignidad.

Partimos del principio de que, ni los que más tienen se lo deben todo (o solo) a su esfuerzo y capacidad, ni los que menos tienen son culpables de su situación. Valoramos el esfuerzo y la necesidad de que cada ciudadano se haga cargo de su propia vida, pero también somos conscientes de que la pobreza y la exclusión crean muchas veces condiciones de imposible solución individual.
Las ayudas y servicios sociales tienen que tener una doble dimensión: por un lado, ser universales e iguales para todos los ciudadanos; por otro, atender a quienes más lo necesitan. Tanto unas como otras no deben considerarse dádivas fruto del altruismo o la caridad, sino consecuencia de los derechos fundamentales de la persona.

 

De acuerdo con esto, proponemos:

El Estado debe asegurar a los ciudadanos que no dispongan de ello, una vivienda digna que los proteja del frío y el calor, que asegure el suministro de agua, luz y energía.

El Estado debe asegurar a los ciudadanos que carezcan de medios y recursos, alimentos suficientes para su supervivencia y la de su familia (niños y personas dependientes).

El Estado debe asegurar a todos los ciudadanos una asistencia sanitaria básica que proteja su salud, reciba atención en caso de enfermedad o accidente y le proporcione los medicamentos que necesite.

El Estado debe asegurar una renta mínima a quienes por circunstancias particulares o familiares se encuentran sin ninguna otra fuente de ingresos para poder cubrir sus necesidades básicas de alimento, vivienda, vestido, protección de la familia, dependencia, discapacidad o cualquier otra circunstancia de extrema pobreza o necesidad.

El Estado debe proteger a todos los parados, y en especial a los de larga duración y mayores de 45 años, asegurando unos ingresos mínimos.

Especial atención necesitan las personas dependientes, los discapacitados, los enfermos crónicos, los niños en situación de pobreza y abandono, las mujeres víctima de la violencia machista, las amas de casa cuyo trabajo no es remunerado ni reconocido, las personas sin techo ni hogar, los drogodependientes, las víctimas de abusos sexuales, la trata de blancas, la sobreexplotación laboral, el sometimiento a normas religiosas o familiares contrarias a los derechos humanos, los refugiados económicos y políticos, etc.

El Estado tiene que atender a todas las personas que, sin una ayuda adecuada, no son capaces de salir de su situación de pobreza y exclusión social. Debe hacerse, además, teniendo procurando que estas ayudas no fomenten la economía sumergida, entendida y consentida muchas veces como una forma de paliar la situación de los más desfavorecidos.

Dado que con la crisis ha aumentado el número de personas necesitadas, es preciso establecer un control riguroso de todas las ayudas y recursos para evitar duplicidades, la acumulación encubierta de ayudas, los engaños, la desviación de fondos para fines no justificados, la falta de equidad o de objetividad de criterios y requisitos para recibir ayudas, etc.

Creemos necesario que sea el Estado Nacional quien establezca, controle y asigne este tipo de ayudas, de acuerdo a una norma general, evitando, como ahora, que las Comunidades, las Diputaciones y los Ayuntamientos establezcan por su cuenta las condiciones y la cuantía de las ayudas sociales. La intervención de estas otras instituciones públicas debe limitarse a aquellos casos y condiciones específicas que tengan origen en el hecho de vivir en un lugar u otro de residencia y que no estén contempladas en las normas generales.

Es preciso distinguir este tipo de ayudas sociales de otras formas de ayuda, ya sean directas (subvenciones) o indirectas (rebaja o exención de impuestos) que el Estado realiza para apoyar determinados sectores industriales, culturales, medios de comunicación, de cooperación y ayuda al desarrollo, ONGs, fundaciones, sindicatos, partidos, etc. Proponemos que este capítulo de los presupuestos generales del Estado sea rigurosamente revisado, justificando en cada caso su utilidad social y teniendo en cuenta el efecto retorno, anulando ayudas que encubran fines espurios, clientelares, de pago de favores, o simplemente no prioritarios o imprescindibles. Dada la escasez de recursos del Estado para atender a otras necesidades, no se pueden mantener ayudas a entidades y organismos simplemente por inercia o para mantener privilegios, especialmente los ligados a partidos políticos o a organismos en los que se recolocan los cargos públicos una vez que cesan de su responsabilidad.

 

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Pensiones

BLINDAR LAS PENSIONES: UN OBJETIVO PRIORITARIO E IRRENUNCIABLE

 

Pocos problemas causan mayor preocupación que la incertidumbre respecto al futuro de las pensiones a corto y largo plazo. Es preciso tomar una decisión clara e inequívoca al respecto. Sin ofrecer a los actuales y futuros pensionistas un sistema que garantice una pensión digna, todo nuestro sistema social se viene abajo. Se trata de la principal garantía social que debe ofrecer nuestro Estado de Derecho. No es un asunto que se pueda dejar en manos de la coyuntura política o económica.

En primer lugar, hemos de reafirmar que el derecho a una pensión digna y proporcional a los años y la cotización aportada, no es un acto de generosidad o caridad por parte del Estado, sino un derecho fundamental, con independencia del cálculo y las condiciones que se establezcan. El principio general es que todo trabajador que llegue a la edad de jubilación tiene derecho a una pensión suficiente. La edad general de jubilación será de 65 años, pudiendo el propio trabajador optar por alargar su vida laboral en función de su salud, sus preferencias y los requisitos de su trabajo. Se eliminarán las jubilaciones anticipadas de empleos que no entren en la categoría de trabajos inadecuados o imposibles de realizar a ciertas edades.

En cuanto a los trabajadores que no hayan cotizado un mínimo de años, o aquellas personas que no hayan contribuido al fondo de pensiones por circunstancias personales (parados, trabajo familiar, incapacidad, enfermedad, trabajos no remunerados, etc.) debe asegurárseles igualmente la percepción de una pensión mínima y digna.

Frente al argumento de que, al disminuir la población activa, el número de cotizantes y la cuantía de las cotizaciones, y aumentar, al mismo tiempo, el número de jubilados al prolongarse la edad de vida, no es posible garantizar las pensiones, nosotros defendemos que, con independencia de estas tendencias, es necesario tener asegurada la cuantía de las pensiones como una prioridad irrenunciable. Podemos resumirlo diciendo que, en caso de necesidad, cualquier otra partida de gasto debe supeditarse a este.

De acuerdo con esto proponemos:

Que se mantengan las condiciones del Pacto de Toledo anteriores a la actual crisis para los trabajadores ya jubilados.

Que nunca los pensionistas pierdan poder adquisitivo, por lo que su pensión deberá revalorizarse cada año según el índice de la vida.

Que el cálculo de los nuevos pensionistas se haga en función de toda su vida laboral o, en caso desfavorable para el trabajador, teniendo como referencia la media de los años de mayor cotización.

Que la pensión sea compatible con la realización de trabajos remunerados por los que se cotice de acuerdo con las normas generales.

Que la cuantía de la pensión tenga en cuenta, como se hace para el establecimiento de determinados impuestos, los ingresos y la renta disponible del jubilado en el caso de que supere determinados índices.

Que se anulen las pensiones extraordinarias de cargos públicos y se ajusten al régimen general, con independencia de que se establezcan algunas retribuciones extraordinarias ligadas al cese del cargo en casos excepcionales.

Con independencia de que se puede establecer algún impuesto especial, el fondo de pensiones debe asegurarse siempre en los presupuestos generales del Estado, y en casos de necesidad, se detraerá de cualquier otra partida, asegurando en cualquier caso la percepción de las pensiones.
La creación de fondos personales de pensiones, adopte la forma y regulación que adopte, no sea obligatoria, es un asunto particular que el Estado debe proteger, pero cuya decisión depende de cada trabajador.
También creemos que el Estado debe apoyar iniciativas que ayudan a mejorar la vida de las personas mayores o jubiladas, como la creación de cooperativas basadas en la llamada Economía del Bien Común. Siguiendo un modelo de vida compartido, se construyen barrios o “ecoaldeas” planificadas en función de sus necesidades específicas, siguiendo criterios de sostenibilidad y ahorro, y que son una alternativa a las residencias de mayores. Se trata de crear un entorno que cubra las necesidades materiales, pero también que permita desarrollar las capacidades individuales, que combine la independencia con la relación social.

 

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Medio ambiente

UN DESARROLLO SOSTENIBLE QUE PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE Y LUCHE CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

 

El actual modelo energético, basado en el gas, el petróleo, el carbón y las centrales nucleares, debe modificarse hasta ser sustituido cuanto antes por energías limpias y sostenibles (aire, sol, agua, biocombustibles). Hemos de hacer frente al cambio climático, que tendrá graves consecuencias dada la especial vulnerabilidad de la Península Ibérica. El cambio climático no es una amenaza, sino ya una alarmante realidad que avanza de modo invisible cada día. En menos de un siglo las consecuencias pueden ser catastróficas para la economía de nuestro país, pera también para la salud y el bienestar de las personas, que habrán de enfrentarse a cambios drásticos en nuestras costas y a una desertización de gran parte de nuestro suelo. Ya se ha iniciado esta degradación con la desaparición de especies de aves, de insectos y de vegetales, transformando ecosistemas únicos y de enorme riqueza ambiental. El cambio climático nos empuja a una revolución tecnológica incesante que obligará a reorganizar la producción y, por consiguiente, también el mundo del trabajo y del consumo.

En contra de lo que se supone, España tiene suficiente capacidad para generar toda la energía necesaria para el consumo y la industria. La capacidad de producción de electricidad del conjunto de las centrales españolas es de más del doble de la necesaria, mientras que la red de transporte está saturada, que es donde radica el mayor problema. Otra mentira interesada que ha de desmontarse es que España tiene que importar electricidad. España exporta más electricidad que la que importa. Lo que no se corresponde con esta situación es que el precio de la energía eléctrica en España sea uno de los más elevados de Europa.

El principio general de la producción y el consume energético ha de ser la descarbonización de la industria, favoreciendo la proliferación de actividades económicas y empresariales de baja intensidad en carbono, lo que a menudo coincide con un alto valor añadido. Hemos de reducir drásticamente la producción y emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero. El principal origen de los estos gases es la producción y uso de energía (aproximadamente un 80%). En cuanto al ámbito de actividad donde se produce, destacan la industria, los edificios (residenciales, comerciales y públicos) y el transporte.

De acuerdo con estos principios proponemos:

Aprobar un plan general que promueva la extensión de bosques sostenibles y un aumento de la superficie verde en toda España, especialmente en las zonas amenazadas de desertificación.

En cuanto a la protección de los montes, es necesario denunciar el retroceso introducido por el Gobierno del Partido Popular en la Ley 21/2015, que incluso permite recalificar las áreas quemadas, lo que supone un incentivo a los incendios forestales.
De forma semejante debe modificarse la Ley 2/2013 en cuanto a la protección de las costas para evitar la degradación del literal, tanto del paisaje como la plataforma marina.
Hemos de reducir la producción de residuos no utilizables. Han de generalizarse las prácticas de reutilizar, reparar y reciclar. Han de erradicarse prácticas insostenibles, como la obsolescencia programada.
Hay que reducir el consumo de energía mediante la eficiencia energética, activando por completo la normativa europea al respecto que inexplicablemente no ha sido desarrollada y aplicada en nuestro país.

Rechazamos la privatización del agua y su sobreexplotación. El respeto al medio natural debe primar sobre los intereses económicos. El agua es de todos y, como el resto de bienes colectivos, deben estar al servicio del interés común.
Actualmente, la generación fotovoltaica no precisa de primas. Proponemos simplificar y facilitar técnica y administrativamente la instalación de generación fotovoltaica, especialmente en las modalidades de aislada y de autoconsumo, con preferencia para su ubicación sobre superficies arquitectónicas, constructivas, industriales o de otro tipo que no requieran ocupación de terreno.
En cuanto a la energía eólica, el énfasis debe ponerse en la eólica marina, tanto en su explotación como en su desarrollo tecnológico, sin descuidar la terrestre, pero reduciendo al mínimo el impacto ambiental y sin necesidad de potenciar grandes parques eólicos, sino de tamaño reducido.
Los biocombustibles de primera generación, extraídos de cultivos energéticos, pese a ser de origen renovable no pueden considerarse sostenibles, porque desplazan y encarecen cultivos alimentarios y porque su monocultivo produce pérdida de biodiversidad. No somos partidarios de la biomasa, salvo en el caso de aprovechamiento de residuos.

Respecto al fracking nos sumamos a las muchas voces que proponen la no autorización de sondeos ni explotaciones en España.
Proponemos que se elabore un plan nacional que obligue a todos los municipios a crear una red que permita recoger los alimentos no utilizados, facilitando a los ciudadanos, a la industria y a los comercios, su entrega cómoda y fácilmente accesible. Muchos de estos alimentos pueden comercializarse a un bajo precio cuando las condiciones de caducidad y conservación lo permitan. Los otros productos pueden reutilizarse para producir biomasa o para crear otros productos y envases.

Nuestra respuesta a la pregunta de si hay que construir o no centrales nucleares en España es no. Desde el punto de vista puramente técnico, no tiene sentido plantear la construcción de nuevas centrales nucleares, en cuya discusión nunca se tiene en cuenta, entre otras cosas, el problema de los residuos y el elevado coste de su almacenaje. Que las actuales centrales acaben su ciclo y no se renueve su utilización.

Defendemos la instalación y producción de energía fotovoltaica de autoconsumo. Actualmente, la generación renovable en autoconsumo resulta no solo rentable, sino muy conveniente para la independencia energética y para la estabilidad de la red. Sin embargo, el gobierno del Partido Popular ha dictado una execrable normativa, que en la práctica equivale casi a su prohibición. Esto va en contra del interés general, favoreciendo únicamente a las compañías que explotan el sistema de generación, transporte y distribución eléctrica, así como a los políticos que se han instalado en sus consejos de administración.
Por último, exigimos la derogación inmediata y total del RD 900/2015 y la revisión y reforma del RD 1699/2011, sustituyéndolos por una norma clara, sencilla y facilitadora del autoconsumo eléctrico, sin subvenciones, pero también sin trabas innecesarias y sin otorgar, como ahora, poder decisorio a las compañías distribuidoras.

 

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Riqueza y empleo

POTENCIAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PRODUCTIVA PARA CREAR RIQUEZA Y EMPLEO

 

Los gobiernos pueden regular y controlar el capitalismo meramente especulativo y dar prioridad a la inversión productiva y la investigación tecnológica, apoyando y estimulando la economía real.
Una mejor regulación no implica una mayor legislación y burocratización, sino al contrario, una simplificación y clarificación de las normas y controles para facilitar la iniciativa individual y particular, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y el necesario retorno del beneficio en proporción al riesgo y la inversión.
El Estado debe confiar más en los ciudadanos para que los ciudadanos confíen a su vez más en el Estado. Es necesario construir vínculos de confianza mutua para que, ni el Estado deje de ejercer su función, ni los ciudadanos y empresarios dejen de cumplir sus obligaciones tributarias.

El Estado tiene una función insustituible en la creación de infraestructuras de transporte y comunicaciones para promover y sostener la actividad económica. Creemos que la titularidad de esos grandes medios debe seguir siendo pública (puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarril, industrias básicas), si bien la gestión puede estar en manos privadas o mixtas (público-privado).
Lo mismo hemos de exigir respecto a las infraestructuras de la comunicación a través de Internet, cuyo acceso hemos de considerar también como un bien social que el Estado debe garantizar en los medios de transporte (trenes, autobuses, metro, etc.), centros sociales e instituciones públicas, así como en el medio rural con el fin de evitar su aislamiento.
Especial importancia tiene que el Estado asuma la promoción de la investigación y el desarrollo de la ciencia, algo que exige un planificación y coordinación nacionales. Este desarrollo no será posible, sin embargo, sin la cooperación y colaboración de la iniciativa privada.

De acuerdo con estos principios proponemos:
Añadir al actual plan de infraestructuras, la creación, entre otros, de dos ejes fundamentales para una mejor vertebración del territorio: el eje o corredor central transpirenaico que abra una vía rápida de comunicación con Francia y Europa desde Algeciras-Madrid-Zaragoza-Huesca, y el eje transversal que potencie las comunicaciones con Portugal desde Lisboa a Madrid y al puerto de Valencia y su conexión con el Corredor Mediterráneo. Igualmente se debería empezar a estudiar la necesidad de construir un túnel para comunicarnos con el Norte de África, dada la enorme importancia comercial futura relacionada con el desarrollo de los países árabes.
Consolidar el actual cambio de modelo productivo, en el que el sector de la construcción deje de tener proporciones desmesuradas, para potenciar otros sectores industriales más variados y competitivos, como pueden ser un turismo de mayor calidad, la agricultura y la pesca sostenible, la industria de transformación y conservación de alimentos, la investigación médica y farmacéutica, el automóvil no contaminante, las energías renovables, la innovación tecnológica, la industria naval, etc.

Aumentar la inversión en I+D+i hasta alcanzar entre un 2% y un 3% del PIB.

Que la competencia en investigación, ciencia y desarrollo deje de estar troceada en 17 gobiernos y pase a ser competencia exclusiva del Estado Nacional.
Que se recupere el marco de la negociación y los convenios colectivos, introduciendo la flexibilidad necesaria, pero no dejando a los trabajadores sin ese sistema general de protección.
Simplificar los tipos de contrato hasta reducirlos al mínimo, con normas claras y flexibles que estimulen la contratación indefinida.

Llevar a cabo una profunda reforma de la Agencia Tributaria, tanto en funciones como en medios, de tal modo que su actuación no se centre en la persecución confiscatoria de la mayoría de contribuyentes (funcionarios, trabajadores por cuenta ajena, pensionistas, autónomos, pequeñas y medianas empresas), sino en el fraude de los altos profesionales, grandes fortunas, grandes inversores, grandes empresas y multinacionales, la economía sumergida, las mafias organizadas, el blanqueo de dinero, la evasión fiscal, la ocultación de capitales en paraísos fiscales, etc.

También deberá abordarse la necesidad de una simplificación y uniformización de las normas tributarias para que la actual maraña legislativa no favorezca a quienes pueden utilizar potentes gabinetes de abogados en su defensa, mientras que el contribuyente ordinario se ve totalmente indefenso ante las decisiones arbitrarias y en la práctica irrecurribles, de la Agencia Tributaria, decisiones que, además, pueden ser distintas en función del territorio o del inspector de turno.

Creemos también necesario unificar y reducir la actual tributación por herencias y transmisiones patrimoniales, algo que favorece a quienes tienen medios para eludir estos elevados impuestos, que resultan abusivos y expropiatorios para la gran mayoría de trabajadores y clases medias que ven desaparecer sus ahorros si quieren hacerse cargo de pequeñas herencias patrimoniales. Ni la total exención ni la desproporcionada subida a partir del segundo grado de parentesco responden a un criterio justo y proporcional. Estos impuestos suponen, además, una doble y triple tributación por lo mismo en la mayoría de los casos, con el agravante de la arbitrariedad en la valoración de la base imponible, especialmente en lo que se refiere a los inmuebles y la llamada plusvalía.

Favorecer, mediante una política de incentivos y exenciones fiscales bien controlada y orientada, la creación de pequeñas y medianas empresas, ya sea de autónomos o cooperativas, de emprendedores individuales o asociados, así como estimular el crecimiento y la fusión de empresas y su proyección en el extranjero, eliminando trabas burocráticas innecesarias, algunas derivadas de una legislación y tributación divergente en función de cada Comunidad Autónoma.

Especial importancia debe tener la racionalización del gasto público, para lo que será necesario revisar la política de ayudas destinadas a todo tipo de organismos y organizaciones, públicas y privadas, para justificarlas, unificar los criterios de concesión y evitar duplicidades.

Los llamados recortes se han centrado en los servicios públicos, no en el gasto, que ha aumentado. Esta anomalía injustificable debe corregirse para suprimir partidas que se mantienen muchas veces por inercia o para no enfrentarse a privilegios consolidados. El despilfarro del dinero público ha sido escandaloso, pero no se han modificado los criterios del gasto y la inversión, así que es necesaria una auditoría general del gasto público que descubra disfunciones, opacidades, prebendas y gastos no justificados. Sólo mediante una Administración menos costosa y transparente se pueden sanear las cuentas públicas, disminuir la deuda y controlar el déficit, que lastra nuestra economía.

El Estado debe intervenir para establecer una mejor regulación del sector bancario y evitar que vuelvan a producirse injusticias como el caso de las preferentes, las cláusulas suelo, los desahucios abusivos, la falta de liquidez y solvencia que llevó al rescate financiero pagado con el dinero de todos, una deuda que el Estado no puede en modo alguno perdonar o dejar de reclamar y exigir a los bancos rescatados.

La lucha contra la economía sumergida debe ser una tarea prioritaria. Es preciso detectar bolsas de trabajo hoy precario y no declarado que pueden incorporarse a la economía regular facilitando esta integración con medidas adecuadas. En este caso se encuentran los puestos de trabajo dedicados a la ayuda a las personas (mayores, discapacitados, enfermos crónicos, tareas del hogar, etc.) que se calculan en un millón, además de otro millón de empleos potenciales relacionados con este sector y no deslocalizables, un sector que debería incentivarse para sacarlo de la economía sumergida por justicia social y reconocimiento de su importantísima labor social, pero también por su contribución fiscal (Seguridad Social, IRPF, IVA). El aumento de las expectativas de vida, la incorporación de la mujer al trabajo, la conciliación trabajo-familia, la fijación de la población rural, son elementos que nos muestran la importancia creciente de este sector.

Tarea prioritaria es el establecer un riguroso y realista Plan Nacional de Empleo, que recoja las iniciativas de los sectores más dinámicos de la economía y que apueste por la creación de nuevas áreas de trabajo, como todo lo referente a la ayuda a las personas (mayores, dependientes, discapacitados, enfermos crónicos, asistencia al hogar, etc.), hoy en gran parte economía sumergida; sectores de creatividad e innovación tecnológica, informática y robótica, energías renovables, revitalización de la agricultura, turismo de calidad, revalorización del patrimonio arquitectónico, histórico y natural, etc. Sin fomentar la creatividad y la capacidad emprendedoras, la búsqueda del valor añadido a lo que ya producimos y exportamos, no podremos crear más y mejores empleos, el único camino para estimular la actividad económica en su conjunto. La inversión pública en infraestructuras, comunicaciones, energías renovables, servicios sociales, sanidad y educación, debe tener muy en cuenta los objetivos generales de ese Plan Nacional de Empleo para que todos los esfuerzos vayan en la misma dirección.

 

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Lucha contra la corrupción

LA LUCHA EFICAZ CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL FRAUDE PARA ACABAR CON EL ROBO Y LA IMPUNIDAD

 

La corrupción es uno de los elementos más destructivos de la democracia y la convivencia. Arroja sobre el Estado la peligrosa sospecha de ser un instrumento en manos de una minoría avarienta, egoísta y sin escrúpulos, capaz de utilizar los resortes del poder para su propio beneficio, apropiándose del dinero de todos.

La corrupción ha tenido efectos muy perniciosos para la economía (se calcula que alcanza el 3,5% del PIB anual), favoreciendo un capitalismo de pésima calidad competitiva, muy vinculado a la compraventa de favores personales.
Lo peor de la corrupción es la percepción de impunidad, empezando por la incapacidad para detectar su presencia y siguiendo por la benevolencia de las penas impuestas a los corruptos.
La corrupción está ligada al poder, por eso los partidos que han alcanzado mayor poder son los más corruptos.
En contra de lo que pudiéramos suponer, la descentralización autonómica no ha generado una mayor transparencia y un mejor control democrático de las decisiones y del dinero público, tal y como ponen de manifiesto los casos más escandalosos de corrupción que hemos conocido.
El fraude es otra forma de corrupción que priva a los ciudadanos de un dinero que también les pertenece. El principio de redistribución de la riqueza se basa en la justicia, no en el altruismo o la caridad: quien más gana debe contribuir más porque a su vez recibe más de la sociedad y el Estado, que crea las condiciones generales y necesarias para la obtención del beneficio y garantizar su propiedad.

Para luchar eficazmente contra la corrupción y el fraude, más allá de la indignación y las solemnes declaraciones, proponemos:
Establecer una mayor claridad y transparencia en la adjudicación de los contratos públicos, mejores controles en la rendición de cuentas, mayores penas para los corruptos y defraudadores, prolongar la no prescripción de los delitos y la obligación de la devolución de todo el dinero robado.
En el caso de la financiación ilegal de los partidos, deberá exigirse la devolución de todo el dinero recibido mediante comisiones, tráfico de influencias, información privilegiada y sobrecostes de contrataciones. Pero, además, deberá devolverse el dinero recibido del Estado en función de los resultados electorales, ya que esos resultados se han conseguido mediante campañas electorales financiadas ilegalmente.
También habrá que facilitar las denuncias, asistencia judicial inmediata y protección a los denunciantes de corrupción contra cualquier amenaza, discriminación o venganza por parte de los denunciados, así como el castigar con rigor las falsas denuncias.

Los cargos públicos y electos que sean condenados por corrupción o fraude deberán cumplir largas penas de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.
Es necesario impulsar activamente a nivel europeo e internacional la desaparición de los paraísos fiscales.

 

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La ley electoral

EL CAMBIO DE LA LEY ELECTORAL PARA LOGRAR UNA REPRESENTACIÓN MÁS DEMOCRÁTICA

 

La actual Ley Electoral ha tenido un efecto perverso, no sólo por castigar a los partidos minoritarios, sino por favorecer a los partidos nacionalistas al premiar la concentración del voto del territorio frente al voto individualizado. El nacionalismo ha gozado de una situación de privilegio para condicionar así los gobiernos nacionales, algo que ha sabido utilizar para avanzar hacia un proceso de ruptura, perfectamente diseñado y llevado a cabo de modo consciente, aprovechando la debilidad, la dejación y el entreguismo de los sucesivos gobiernos nacionales.

El sistema de listas cerradas y controladas férreamente por la dirección de los partidos, por otra parte, impide que el voto se vincule a la gestión de los intereses y el mandato de los ciudadanos, transformando la representación en un asunto meramente formal, sin la posibilidad de exigir a los representantes elegidos una responsabilidad directa y personal de su actuación.

Es necesario establecer una nueva Ley Electoral que se base en el principio general de “un ciudadano, un voto”, de tal manera que el voto tenga el mismo valor con independencia del territorio en el que cada ciudadano resida. Las correcciones que sean necesarias para adecuar los resultados electorales a la dispersión territorial de la población, no deben invalidar o distorsionar ese principio general. La política de reequilibrio territorial, de adecuación de la acción política a las necesidades de los ciudadanos en función de las distintas condiciones geográficas y sociales, debe llevarse a cabo, no necesariamente mediante un sistema de representación territorial como el actual, que toma como base la provincia, sino mediante decisiones políticas en las que intervendrán tanto el Gobierno Nacional como la Comunidad, la Diputación y el Municipio, para lo cual no es necesaria la representación directa del territorio.
Esta nueva Ley Electoral debiera regular la elección de cargos unipersonales (presidente del Gobierno, Presidentes de las Comunidades, de las Diputaciones y Alcaldes) mediante elección directa y a segunda vuelta. Este sistema evitaría el supeditar estos cargos al arbitrio de conveniencias partidistas en que las minorías adquieren un poder desmesurado, obligando a acuerdos espurios y opacos difícilmente controlables.

 

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Democracia e igualdad

LA REORGANIZACIÓN DEL ESTADO PARA PROTEGER LA DEMOCRACIA Y LA IGUALDAD

 

La actual estructura y funcionamiento del Estado ha entrado en una profunda crisis, producida por un modelo de Estado dicotómico, contrapuesto y disfuncional: por un lado el Estado Central y por otro el Estado Autonómico.

Una confusa distribución de las funciones y competencias de la Administración del Estado y la de las 17 Comunidades Autónomas ha llevado a un constante enfrentamiento en el ejercicio del poder que, lejos de promover la cooperación y la eficacia, ha conducido a una mayor burocratización, a duplicidades y gastos innecesarios, a un aumento de los cargos públicos, a desigualdades en el sistema educativo, lingüístico, sanitario, cultural e impositivo, en función del territorio donde se viva. Las Comunidades Autónomas, lejos de agilizar la gestión y la eficacia, han reproducido un modelo centralista, convirtiéndose en mini-estados que rivalizan por adquirir mayor poder, en detrimento del bien y el interés común.

Esta falta de racionalidad y mal funcionamiento ha producido, además, efectos sociales muy negativos, exacerbando las diferencias lingüísticas y culturales para convertirlas en arma política. El resultado ha sido la aparición de movimientos secesionistas que promueven la disolución del actual Estado democrático.

Creemos que es necesario reordenar la estructura y el funcionamiento actual del Estado para corregir los problemas denunciados. En concreto proponemos:

Que las competencias actualmente compartidas, cedidas o delegadas en las Comunidades en educación, sanidad, justicia, investigación, cultura y medios de comunicación nacionales, sistema impositivo y tributario básico, seguridad social y pensiones, control financiero, regulación laboral, emigración e inmigración, ayudas sociales generales, infraestructuras y comunicaciones de carácter general, espacio radioeléctrico, protección de la naturaleza y el medio ambiente, relaciones con Europa y política exterior (comercial y de defensa), así como otras competencias señaladas como exclusivas del Estado en la Constitución, sean reguladas y dirigidas directamente por el Estado a través del Gobierno Nacional.

Revisar la actual distribución territorial, reordenando el actual poder regional y provincial de acuerdo con criterios objetivos que busquen la mayor eficacia administrativa, favorezcan un desarrollo económico equilibrado y aseguren una mayor igualdad entre todos los ciudadanos.
Acabar con los privilegios forales del País Vasco y Navarra y promover su integración en el sistema económico y tributario general, eliminando progresivamente el actual trato diferenciado, privilegiado e injustificado que, además, es incompatible con las normas europeas (el País Vasco y Navarra disponen de entre el 30% y el 65% de recursos per cápita más que el resto de comunidades).
Reorganizar las actuales Diputaciones Provinciales para dotarlas de una estructura más democrática, eficaz y transparente, empezando por la elección directa de sus diputados.
Eliminar el Senado y que sus funciones se integren en las del Congreso, aumentando para ello el número de diputados a 400.
Unificar el sistema retributivo de los funcionarios, cargos públicos y políticos electos, de tal manera que exista una jerarquía en función de la relevancia política, institucional y de responsabilidad, estableciendo el principio de que ningún cargo administrativo o político puede cobrar más que el Presidente del Gobierno. Será el Parlamento quien establezca los topes en todas las retribuciones de los cargos públicos.
Eliminar cualquier privilegio (económico, pensiones, aforamientos, inmunidad) ligado a los cargos públicos y políticos.
Redefinir nuestro Estado como unitario y descentralizado, no confederal ni plurinacional, basado en una estructura escalonada y jerarquizada, en la que el poder y las normas del gobierno nacional tienen prioridad sobre los otros niveles: el gobierno territorial o regional, el gobierno provincial y el gobierno municipal. Ninguna norma puede contradecir la de orden superior. Sólo el Estado Nacional tiene competencias exclusivas.
Establecer que la titularidad del Estado debe ser única, especificando en cada caso quién gestiona y asume la responsabilidad de cada titularidad: el Municipio, la Diputación, la Comunidad o el Estado Nacional.

También necesitamos hacer efectiva una separación de poderes que afiance nuestro estado de derecho. La distinción y separación del poder legislativo, ejecutivo y judicial es la base del funcionamiento de una democracia. Es preciso identificar bien qué normas, qué estructuras y prácticas están hoy haciendo imposible esta separación e independencia. Qué es lo que permite que el poder ejecutivo del Gobierno de turno y el de los partidos mayoritarios, acabe controlando al poder legislativo y el judicial sometiéndolo a sus intereses políticos. Detectado el origen será más fácil tomar decisiones que hagan efectiva esa separación de poderes.

En general, creemos que para ello será necesario:
Democratizar el funcionamiento interno de los partidos, de tal modo que no se creen estructuras rígidas en las que un líder acapare en la práctica todo el poder, rodeándose de un pequeño grupo de incondicionales.
Establecer mecanismos democráticos de elección de las listas electorales que impidan la creación de camarillas y grupos de interés, que acaban premiando la fidelidad o el servilismo frente a la valía de personas críticas e independientes.
Convertir al Parlamento en un auténtico espacio de debate y de libertad, en el que los diputados no sean meros ejecutores de las consignas de los partidos, haciendo efectiva la libertad de voto. Que la disciplina de partido no sea la excusa para evitar la discusión y la confrontación de ideas, proyectos y propuestas. Que el Parlamento no sea un mero instrumento de propaganda política, un espectáculo televisivo que simula un debate inexistente. Que la labor de discusión no se sustituya por acuerdos de pasillo que luego se revisten de falsa discrepancia o de solemnes acuerdos.
En cuanto a la elección de los organismos del poder judicial, desde el Consejo General a la Fiscalía, debe establecerse que el candidato cumpla estrictamente todos los requisitos establecidos en la carrera judicial, y que no pueden ser otros que el mérito, la capacidad, la experiencia y la independencia política. Los cargos deben ser elegidos en primera instancia democráticamente por el conjunto de los jueces, magistrados y fiscales, y luego ser ratificados mediante control parlamentario. En cuanto a los fiscales, serán elegidos por el Gobierno, pero entre quienes lo soliciten y cumplan los requisitos establecidos en la carrera judicial, y serán igualmente ratificados mediante control parlamentario con mayorías reforzadas.
La unidad e independencia del poder judicial exige que todas las competencias en justicia estén exclusivamente en manos del Estado Nacional, sin intervención de los Gobiernos y Parlamentos Autonómicos, incluida la gestión administrativa y el control de los recursos y medios materiales y económicos, hoy en manos de las Comunidades.
Proponemos aumentar un 10 % el número de jueces y el resto del personal necesario para agilizar los procesos judiciales. Una Justicia lenta, siempre es injusta. Dotar de un sistema informático ágil, eficaz y compatible entre sí, en toda la Administración de Justicia, e informatizar el conjunto del material y documentación judicial aún hoy en legajos, para agilizar los procesos judiciales.

La separación de poderes no será posible sin funcionarios profesionales e independientes. Hay que limitar la capacidad de intervención política en el nombramiento de cargos públicos, reduciendo al mínimo el número de asesores o cargos de confianza. La reforma de la Administración, la desburocratización de la gestión pública, un mayor acercamiento a las necesidades de los ciudadanos, la eficacia y agilización de los trámites, exige un nuevo modelo de relaciones entre el Estado y los ciudadanos basado en la confianza mutua, y no en la sospecha y la desconfianza.
En general, los partidos tienen un excesivo poder y control sobre el Estado y la sociedad. Debe limitarse su poder para reforzar el de las instituciones delEstado y de las organizaciones de la sociedad civil, asegurando su libertad e independencia frente a la injerencia de los partidos, que se han convertido en aparatos con intereses propios al margen de los intereses de la mayoría.

 

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Constitución, unidad y convivencia.

LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN PARA ASEGURAR LA UNIDAD Y LA CONVIVENCIA

 

España es un Estado Social y de Derecho legítima y legalmente constituido, basado en una Constitución plenamente democrática.

Defendemos la actual Constitución Española como la base fundamental de nuestra convivencia.

Antes que modificarla, es urgente hoy que la Constitución se respete y se cumpla, y que el Estado ejerza su poder contra quienes pretenden invalidarla, deslegitimarla y destruirla.

Exigimos que, de modo inequívoco, se cumplan algunos de sus principios fundamentales:
-La soberanía nacional reside en el pueblo español (art. 1º).
-La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española (art. 2º).
-Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (art. 14).
-Las diferencias entre los Estatutos de las diferentes Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos y sociales (art. 138).
-Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado (art. 139.1).

De acuerdo con esto, la primera y más urgente acción del Gobierno de la Nación, sea cual sea su signo político, es restablecer el orden constitucional, dictar normas que hagan efectivos los principios constitucionales señalados e invaliden cualquier norma o actuación que vaya en contra de ellos.
-El Gobierno Nacional y el Parlamento deben asumir su responsabilidad y velar por los derechos de los ciudadanos y, en aquellos casos en los que una Comunidad vulnere la ley, aplicar el artículo 155 de la Constitución. En concreto, debe aplicar ya este artículo en la Comunidad de Cataluña, dada la reiterada vulneración de la Constitución por parte del Gobierno de la Generalidad. Una de las primeras tareas que permitirá la aplicación de este artículo es hacer una auditoría de las cuentas de la Generalidad para conocer el dinero que ha ido a parar a la promoción del proceso independentista y la creación de “estructuras de Estado”.
-Igualmente debe revisarse (anularse o simplificarse) la legislación paralela que se ha ido construyendo a partir de una abusiva interpretación de la “apertura constitucional” en materias cuya competencia no aparece específicamente definida en la Constitución, que sistemáticamente se ha dejado en manos de las Comunidades.

 

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Libertad lingüística

UNA LEY NACIONAL DE LENGUAS QUE RESPETE LA LIBERTAD LINGÜÍSTICA

 

El español es la única lengua común de los ciudadanos españoles. Este hecho es el resultado de un proceso histórico que ha acabado convirtiendo al español en la lengua conocida por todos los ciudadanos españoles en todos los territorios de España. El español es, además, una lengua universal cuyo conocimiento facilita intercambios y comunicaciones con millones de seres humanos. Hemos de considerar el idioma español, por lo mismo, un factor esencial de comunicación y convivencia entre todos los españoles y un importante instrumento de comunicación con el resto del mundo.

Además del español, en determinadas regiones y zonas de España se hablan otras lenguas, resultado de la evolución histórica (el catalán, el valenciano, el vascuence o euskera y el gallego) y otras modalidades lingüísticas más minoritarias (el aranés, el aragonés, el asturiano, el leonés y otras).
Al ser el idioma común y el más hablado en todo el territorio, el español es la lengua oficial del Estado, un hecho que facilita y permite el trato igualitario de cualquier ciudadano con la Administración, la información y el conocimiento de las normas y los derechos, los intercambios legales y comerciales y, en general, el desarrollo de todo tipo de relaciones sociales entre los ciudadanos.

En los territorios donde se habla, además del español, otras lenguas como las ya señaladas, los Estatutos han establecido el principio de cooficialidad, que obliga a la Administración territorial y local, al uso de las dos lenguas oficiales en sus comunicaciones con los ciudadanos.
Más allá de su carácter oficial, las lenguas son ante todo un instrumento de comunicación cuyo uso depende de la libre voluntad de sus hablantes. El respeto a este principio básico de libertad lingüística supone que nadie pueda ser discriminado por razones lingüísticas en el ejercicio de sus derechos.
Otro principio básico es que los territorios no tienen lengua, ni propia ni impropia, ya que la lengua pertenece exclusivamente a los hablantes y no emana de la tierra. Las lenguas, por tanto, no tienen derechos, sino sus hablantes. Por el mismo motivo carece de sentido hablar de Estado monolingüe o plurilingüe. Que en España se hable el español y otras lenguas, como ocurre en todos los Estados del mundo, no significa que el Estado pueda ser sujeto de derechos lingüísticos, algo que sólo puede atribuirse a los hablantes.

Los nacionalistas, en contra de todos estos principios, han convertido la lengua en un arma política, una herramienta étnica y de construcción nacional, identificando lengua, pueblo y nación. Su empeño en imponer su lengua en la enseñanza desde la escuela infantil, no tiene fundamento en ningún derecho, y solo responde al objetivo de preparar las condiciones para la secesión. Reivindicar el derecho a hablar la propia lengua nada tiene que ver con el propósito de imponerla y de excluir de la vida pública y social al español.

 

De acuerdo con estos principios, proponemos que se apruebe una Ley de Lenguas en la que se establezca que:

El español es la lengua común y oficial de España y, por lo mismo, debe asegurarse su uso en la Administración de todo el Estado, incluida la de las Comunidades Territoriales, sus Diputaciones y Ayuntamientos. Esto implica que todas las normas, disposiciones y comunicados sean emitidos en español, y que los ciudadanos puedan ser atendidos en este idioma en todos sus trámites oficiales. El uso del español como lengua oficial, en consecuencia, debe establecerse y asegurarse en todo el territorio y en todos los ámbitos de la organización y funcionamiento del Estado.

En las Comunidades donde exista cooficialidad, debe asegurarse, igualmente, el uso de la otra lengua oficial, con los mismos derechos. Esto no implica que toda la documentación oficial sea bilingüe, sino que cada ciudadano pueda elegir la documentación en cualquiera de las dos lenguas oficiales, evitando así gastos innecesarios. Consideramos que en el Valle de Arán, la cooficialidad del aranés debería limitarse a este territorio para evitar una innecesaria administración trilingüe.

En cuanto al trato directo con los ciudadanos, en toda la Administración de las Comunidades donde existan dos o más lenguas oficiales debe asegurarse la atención en la lengua que cada ciudadano elija o prefiera, sin discriminación alguna. Tampoco esto supone que todos los funcionarios deban ser obligatoriamente bilingües, sino que se asegure la atención personal en la lengua que cada ciudadano elija.

En las Comunidades Territoriales en que exista cooficialidad, como criterio general los padres han de disponer de libertad lingüística para elegir la lengua vehicular en que quieren que estudien sus hijos. El modelo lingüístico del Estado para las Comunidades con más de una lengua oficial, será trilingüe partiendo de la libertad lingüística de los padres para elegir la lengua prioritaria de enseñanza con un porcentaje del 50 % para la de su elección, un 25% para la otra lengua oficial y el 25 % restante para el Inglés o la otra lengua extranjera elegida. Siempre reservando a los padres la posibilidad de acogerse por entero a la libertad lingüística de elegir una lengua oficial como única docente, teniendo a las otras dos lenguas como asignaturas. El congreso de los Diputados habrá de aprobar una Ley de Lenguas que asegure esta libertad lingüística.

El Estado debe asegurar la misma oferta educativa en las dos lenguas oficiales. Estamos totalmente en contra del modelo de “inmersión” lingüística impuesto en Cataluña y extendido poco a poco al País Vasco, Valencia, las Islas Baleares y Galicia, un modelo que va en contra del derecho universal, reconocido por la ONU, a recibir la enseñanza en la lengua materna, y exclusivo de la política monolingüística de las Generalidad de Cataluña, pues no existe en ninguna otra parte del mundo.

En las Comunidades con dos lenguas oficiales, el poder del Estado (en cualquiera de sus niveles) no puede intervenir en el ámbito privado, público o no oficial, imponiendo u obligando al uso de una u otra lengua. Aquí sólo rige el principio de libertad lingüística o el derecho a hablar, rotular y utilizar la lengua que se desee, especialmente en el ámbito público comercial (relación con usuarios y clientes), cultural y de los medios de comunicación. Será necesario derogar cualquier norma que vulnere los derechos lingüísticos de los ciudadanos en cualquier ámbito de la vida pública o privada, como son las multas lingüísticas impuestas en Cataluña por no rotular comercios, productos o indicaciones en catalán.

En los territorios donde exista cooficialidad, no se puede exigir que todos los funcionarios de la Administración tengan la obligación de poseer el dominio o conocimiento de las dos lenguas, ya que esta exigencia va en contra del estatuto del funcionario. El acceso a la función pública debe ser único e igual en todo el territorio nacional.

La exigencia del conocimiento de otra lengua que no sea el español, no puede ser un requisito para acceder a la función pública, sino sólo exigible para la asignación de puestos de la administración concretos en los que sea imprescindible ese conocimiento para asegurar el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en otra lengua oficial, en los territorios en que exista cooficialidad. Ni enseñantes, ni administrativos, ni jueces, ni cualquier otro cargo público puede ser discriminado por este motivo en el acceso, la movilidad y la promoción de su carrera.

La pretensión de convertir al catalán, el euskera y el gallego en lenguas oficiales en la Administración de todo el Estado es una imposición, no solo carente de cualquier fundamento de derecho, sino que supondría un despilfarro inadmisible de los recursos públicos, creando, además, interminables problemas que, lejos de favorecer la convivencia y el respeto a todas las lenguas, produciría el efecto contrario.

Por último, creemos especialmente importante redefinir y reorganizar las funciones del Instituto Cervantes para que centre su labor en la promoción y difusión de la lengua y la cultura comunes españolas, dejando la promoción y difusión de las otras lenguas y culturas (catalán, gallego y vascuence u otras) a la labor de los organismos creados para ese fin en sus respectivas Comunidades. Detraer los recursos destinados a difusión de la lengua y la cultura común, para destinarlos a las otras lenguas, supone aceptar una duplicidad y un trato injustificado a favor de estas lenguas.

 

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Medios de comunicación

LA NECESIDAD DE UNOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS QUE DEFIENDAN LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA LIBERTAD

 

El enorme poder que los medios de comunicación (radio, televisión, prensa, internet) ha adquirido en la sociedad actual obliga al Estado a intervenir en este ámbito tan decisivo para la transmisión de la información y la formación de opiniones, valores y actitudes sociales. Su función ha de ser, por un lado, el facilitar la existencia de una diversidad de medios privados que permitan el ejercicio de la libertad y pluralidad de información, opinión y entretenimiento; por otro, asegurar la existencia de medios públicos que atiendan a los intereses generales y actúen como un servicio público guiado por la imparcialidad y objetividad informativa, el respeto a la verdad y la libertad de opinión, y cumplan una función crítica y pedagógica que promueva la convivencia y la cohesión social.

Los medios públicos son esenciales para el buen funcionamiento de una sociedad democrática. No son algo de lo que la sociedad pueda prescindir, como lo demuestra el hecho de que la mayor parte de los países de Europa han fortalecido y consolidado en los últimos años el prestigio, la influencia y peso de referencia de la radiotelevisión pública. Los medios públicos de información y comunicación han sido los principales garantes de la diversidad y libertad informativa, y forman parte del modelo social europeo ya que cumplen un papel crucial para la cohesión social y la participación democrática. No se han hecho incompatibles, en modo alguno, con los medios privados.

La RTVE, en cambio, no ha logrado adaptarse a la irrupción de los medios privados y está sumida en una crisis de identidad, de organización, de credibilidad, de asunción del espacio público y la responsabilidad que le corresponde. La principal causa es su dependencia política y económica de los gobiernos de turno, que ejercen sobre ella un control antidemocrático y siempre partidista, empezando por el nombramiento de su Director General.

La segunda causa de su declive es el haberse negado a competir con los medios privados con una producción y una programación autónomas, buscando contenidos propios, afianzándose en la idea de servicio público, sin imitar los modelos basados en el sensacionalismo, la captación de espectadores degradando la información, buscando la excitación y la atención morbosa e intrascendente, enfatizando enfrentamientos y conflictos cargados de violencia verbal y simbólica, seleccionando la información y la opinión con criterios puramente comerciales, todo eso a lo que se ha llamado “telebasura”.

La tercera causa de la situación crítica que atraviesa la RTVE ha sido el perder su carácter nacional, integrador, defensor de una idea democrática de España basada en la cultura y la historia común, difusora de la igualdad entre todos los españoles. No sólo ha renunciado a esta función básica, sino que ha desmoronado su estructura nacional, troceándola en los servicios territoriales que cada vez tienen menos presencia y se han convertido en una rama más de las televisiones autonómicas, televisiones que han socavando los elementos de unión y el interés por los problemas comunes, diluyendo la imagen y la idea de España, privando a la sociedad de un instrumento vital de articulación cultural y de cohesión social y política.

En cuanto a la radio pública, tampoco se ha querido renovar y potenciar su capacidad de difusión, influencia, independencia y libertad, cediendo su espacio y su prestigio a las cadenas privadas y territoriales. Ni siquiera se ha sabido defender la competencia del Estado para ordenar y controlar el espacio radioeléctrico, cediendo ante el poder de los gobiernos territoriales, especialmente en Cataluña.

En cuanto a los medios de comunicación escritos han entrado en una profunda crisis al dejar de ser económicamente rentables, lo que les ha hecho depender cada vez más de las subvenciones directas o indirectas del Estado y de los bancos y empresas que los sostienen. Esta dependencia ha minado por completo su imparcialidad informativa, convirtiéndose en aparatos al servicio intereses particulares. En el ámbito de las Comunidades, la dependencia del poder político es total, como en el caso de Cataluña, en la que la mayoría de los medios están directamente subvencionados por la Generalidad, y se han convertido en instrumentos de propaganda del independentismo nacionalista, una anomalía democrática única en Europa.

Por todos estos motivos nosotros defendemos la necesidad urgente de unos medios de comunicación públicos no controlados por el poder político y que se pongan al servicio de la verdad, la convivencia y la libertad de información.

 

Para ello proponemos:

Que se realice una auditoría en RTVE para aclarar sus cuentas, el sistema de jubilaciones anticipadas, la contratación de servicios externos, la compra de productos, etc. Es necesario acabar con la opacidad y la falta de transparencia que desde hace años impide una planificación más eficaz de la gestión, el control del gasto y la justificación del mismo.

Que el nombramiento del Director General de RTVE y su Consejo de Administración se haga teniendo en cuenta el mérito, la capacidad, la experiencia y la independencia política entre los profesionales de los medios, mediante un procedimiento que asegure la prevalencia de estos criterios.

Que se establezca un sistema de financiación en el que se potencie la capacidad de generar ingresos con producciones propias y con la publicidad, ahora entregada por completo a los medios privados.

Que se recuperen los centros territoriales y se integren en un proyecto nacional autónomo y no dependiente de los Gobiernos Territoriales.

Que el Estado recupere sus competencias en la ordenación del espacio radioeléctrico y la concesión de ondas, frecuencias y canales.

Que se recupere una programación infantil de calidad, teniendo en cuenta que los niños pueden pasar tantas horas ante el televisor como en clase, así como programas formativos de calidad que atienda a la diversidad de intereses e inquietudes culturales y sociales.

Que se tenga siempre muy en cuenta la influencia de las imágenes y los mensajes sobre la mente, la actitud y la sensibilidad de los receptores, de tal modo que se valore siempre la objetividad, la verdad, la distancia crítica, la vinculación de la información con la realidad no distorsionada de los hechos y de acuerdo a la relevancia social de la información, no dejándose contaminar por los criterios de los medios privados.

Que se cuente con el talento y la creatividad de los profesionales de la RTVE hoy infrautilizados y marginados, lo que supone un despilfarro injustificable.

Creemos necesario que exista en Consejo de Vigilancia y Control Externo de los contenidos con el fin de que se respeten estos principios que justifican la existencia de medios públicos.

Que las televisiones autonómicas se transformen siguiendo los mismos criterios, rompiendo con la dependencia y el control político con el que hoy actúan.

Que la RTV pública afronte una renovación estratégica para hacerse presente en el medio digital, las redes sociales e internet, siguiendo el modelo de las televisiones públicas europeas que han convertido a internet en un “medio de medios”.

Especial importancia tiene que los medios públicos promuevan una imagen positiva de España en el exterior, que potencie la presencia en el mundo de nuestra lengua y cultura, especialmente en el área hispanohablante y latinoamericana, difundiendo los productos de nuestra industrial cultural (cine, libro, series televisivas, arte, gastronomía, turismo, patrimonio).

Que la cultura, junto a la información, sean los pilares sobre los que se asiente la tarea de los medios públicos. Especial importancia tiene contrarrestar la actual crisis de la idea y el sentimiento nacional español, que no es sólo una crisis política sino cultural. La RTV pública debe contribuir a que todos los españoles tengan un mejor conocimiento de nuestra historia, nuestro arte y literatura, nuestra diversidad y riqueza lingüística y patrimonial, geográfica, etnográfica, artística y creativa. Fomentar una cultura común que refuerce las relaciones y los vínculos emocionales, simbólicos, de cooperación y colaboración entre todos los españoles, con independencia de la lengua que hablen, el territorio donde vivan o hayan nacido, sus sentimientos de pertenencia, su situación social y económica o sus ideas políticas.

El Estado no puede convertirse en una mera superestructura jurídica. El Estado es inseparable de la idea de Nación, una construcción simbólica que debe sostenerse con la aportación de todos y basarse en el interés común.

El Estado debe favorecer la creación y el disfrute de la cultura como parte esencial del bienestar y el desarrollo humano, y como factor decisivo en el establecimiento de vínculos sociales de cooperación, tolerancia y convivencia. La existencia de una cultura común no significa la negación o desaparición de la gran diversidad cultural de España, una riqueza histórica y social que se manifiesta en todos los ámbitos y que debe ser también preservada, defendida y promovida.

 

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Europa

LA CREACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE EUROPA PARA AFRONTAR LOS RETOS Y PROBLEMAS DE LA GLOBALIZACIÓN

 

Nuestro Partido defiende una profundización de la idea de Europa, lo que supone no sólo mantener la actual Unión Europea, sino avanzar decididamente hacia la construcción de los Estados Unidos de Europa, un proyecto que no se limita al ámbito económico y comercial, sino político y social. Una Unión Europea más fuerte y consolidada es una garantía de desarrollo económico, estabilidad democrática y sostenibilidad del Estado del Bienestar, pero también es el mejor medio para afrontar los retos de la globalización, un fenómeno de grandes dimensiones que plantea enormes desafíos como la amenaza terrorista, los movimientos migratorios, la competencia económica global, la regulación de los mercados financieros, el equilibrio geoestratégico mundial, la distribución de los recursos o el cambio climático. Ninguna nación puede hoy encarar estos problemas sola, encerrándose en sus fronteras y protegiendo su soberanía.

Los populismos de izquierda y de derecha coinciden en rechazar el proyecto de la Unión Europea, acusando a Europa de todos los males que ha provocado la crisis actual. Ignoran que gracias a la Unión Europea hemos podido afrontar la crisis sin que se haya producido un grave deterioro de la economía, la convivencia, las libertades y el orden social.

Mientras en Europa la reacción de la derecha ha sido el alentar un nacionalismo xenófobo, proteccionista, antisistema y antidemocrático, en España el populismo izquierdista se ha puesto al servicio de los nacionalismos que propugnan el desmoronamiento del Estado y la desaparición de España como nación.

La globalización ha supuesto en cambio radical e irreversible en las relaciones entre las naciones. Hoy es imposible cerrar las fronteras, ya sea a los productos o a las personas. La dependencia total de la economía y el consumo de las relaciones internacionales, del flujo de los productos y mercancías tecnológicas, del movimiento del dinero, pero también del flujo migratorio para atender a las necesidades de la producción, hace que sin esos intercambios el sistema en su conjunto se colapsaría. La desregulación total, como propugna el neoliberalismo, sin embargo, produciría el mismo colapso dada las enormes contradicciones que el propio sistema genera.

La evolución nos lleva a organizar espacios políticos y económicos cada vez mayores, superando el límite de los Estado nacionales. La construcción de los Estados Unidos de Europa no es un capricho, sino una necesidad. La experiencia nos ha demostrado que el estar integrados en Europa ha sido enormemente positivo para España. Recientemente estamos comprobando cómo la legislación europea nos está obligando a modificar leyes que permitían abusos intolerables. Europa es la garantía de nuestros derechos, no una superestructura opresora como la quieren definir los populistas antieuropeos.

Lo que necesita la Unión Europea es una mayor integración entre los Estados que la componen, superando la tentación de convertirla en una “Europa de los mercados” al servicio de las multinacionales.

Esta integración debe llevarse a acabo sobre la base de los Estados Nacionales actuales. No se trata de anular la soberanía nacional y la organización del poder estatal, sino de compartir esa soberanía y ese poder, articulándolo en instancias superiores que unifiquen las normas y funcionamiento de los Estados. En contra de una idea genérica de Europa como “unión de pueblos”, de “naciones étnicas o lingüísticas” o de “regiones”, Europa debe ser una “unión de Estados”. Destruir o dejar de lado esta estructura consolidada para sustituirla por otra de carácter “cultural”, “lingüístico” o “territorial”, sería dar un paso atrás que lejos de unir, provocaría una disgregación suicida. Contra la cohesión interna de Europa trabajan los movimientos secesionistas que hoy afectan a Escocia, Cataluña, El País Vasco, Flandes, Véneto, Padania, Bretaña y Córcega, por ejemplo. La mejor manera de desactivar estos movimientos es avanzar hacia la construcción de los Estados Unidos de Europa.

El afianzar nuestra integración en Europa no es incompatible con otros dos objetivos esenciales para nuestro progreso y bienestar: fomentar una mayor unión y conexión con Portugal, y trabajar por otro gran proyecto, la constitución de la Unión Iberoamericana.

Somos partidarios de estrechar los lazos culturales, sociales y políticos con Portugal, tanto por razones históricas y geográficas, como de interés económico y estratégico común. Creemos en las enormes ventajas de caminar hacia una integración de la Península Ibérica a todos los niveles (infraestructuras, comunicaciones, comercio, turismo, etc.) que respete la mutua soberanía y potencie todas nuestras posibilidades de desarrollo y colaboración. Es necesario estimular los sentimientos de igualdad, fraternidad y respeto que ya existen entre españoles y portugueses, dejando de lado cualquier actitud de superioridad, ignorancia o insolidaridad. Es contradictorio mirar hacia Europa mientras damos la espalda a Portugal.

Hemos de potenciar también una gran Comunidad Iberoamericana que sirva de contrapeso a la imposición de las empresas y grupos multinacionales actualmente dominantes en el mundo. El afianzamiento y profundización de la democracia, la defensa de la libertad y la igualdad frente a los populismos de izquierda y de derecha será la mejor base para esa mutua colaboración y desarrollo cultural, social, comercial y científico común. En esta tarea de acercamiento y colaboración podemos apoyarnos decisivamente en la numerosa población de origen hispanoamericano que vive hoy en nuestro país, a la que habrá que prestar una atención especial.

 

Teniendo en cuenta estos principios proponemos:

Que se avance en una mayor participación democrática en la constitución de los organismos de poder europeo, de tal modo que la mayoría de los ciudadanos europeos podamos elegir de modo más directo a nuestros representantes en las instituciones. Establecer una Ley Electoral Europea que permita esta participación.

Avanzar hacia una integración fiscal, unificando los impuestos del IVA, IRPF, Sociedades, Operaciones Financieras y Transmisiones Patrimoniales.
Establecer una política común vinculante en temas como la defensa, la lucha contra el terrorismo, los conflictos internacionales, emigración, refugiados, visados, derechos sociales.

Que se defienda de modo inequívoco el mantenimiento de los actuales Estados y el respeto a sus constituciones democráticas, de tal modo que no quepa ninguna ambigüedad sobre el rechazo de la Unión Europea a los movimientos secesionistas y anticonstitucionales que actualmente se están promoviendo.

Que la política común europea se centre en la profundización del llamado “modelo social europeo”, guiado por los principios de libertad, igualdad, justicia, protección social, enseñanza y sanidad públicas, laicidad, defensa de los derechos humanos universales.

 

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Centro izquierda, el bien común

UN PARTIDO DE CENTRO IZQUIERDA PARA DEFENDER EL INTERÉS Y EL BIEN COMÚN

 

Somos un Partido Nacional de Centro Izquierda.
Somos el Partido de Centro Izquierda de España.
Somos el único Partido de Izquierdas que defiende sin complejos la Nación Española.

 

Creemos en la fuerza de las ideas frente a la rigidez de las ideologías, la claridad de principios frente al sectarismo de las creencias, el realismo de las propuestas frente al oportunismo de promesas demagógicas.

Queremos reunir desde la izquierda a quienes defienden la unidad de España, la dignidad y la igualdad de todos los españoles como un Bien Común irrenunciable.

Colocamos lo social por encima de lo étnico, lo común antes que las diferencias, los derechos ciudadanos por delante de las identidades colectivas, las personas por encima de los territorios.

Defendemos la libertad económica, de pensamiento, de expresión y de iniciativa personal, al mismo tiempo que creemos imprescindible la acción y la regulación del Estado para garantizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos en el acceso a la educación, la sanidad, la justicia, los servicios a la persona y las ayudas sociales necesarias para llevar una vida digna, realizar un trabajo adecuadamente remunerado, tener una vivienda apropiada y desarrollar libremente sus capacidades.

Situamos el bien común y el interés general en el centro de toda decisión política. No vamos en contra del interés o el beneficio particular, sino que, en caso de conflicto, creemos que debe prevalecer el bien y el interés común.

Nuestra acción política buscará siempre suprimir la pobreza, la injusticia, la desigualdad social entre hombres y mujeres; defender a los más desfavorecidos, proteger a las clases medias, asegurar la igualdad de oportunidades y mejorar las condiciones de vida de la mayoría.

Queremos recuperar nuestra dignidad como personas, nuestra igualdad como ciudadanos, nuestra unidad como españoles, nuestros derechos como demócratas.

 

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