Democracia e igualdad

LA REORGANIZACIÓN DEL ESTADO PARA PROTEGER LA DEMOCRACIA Y LA IGUALDAD

 

La actual estructura y funcionamiento del Estado ha entrado en una profunda crisis, producida por un modelo de Estado dicotómico, contrapuesto y disfuncional: por un lado el Estado Central y por otro el Estado Autonómico.

Una confusa distribución de las funciones y competencias de la Administración del Estado y la de las 17 Comunidades Autónomas ha llevado a un constante enfrentamiento en el ejercicio del poder que, lejos de promover la cooperación y la eficacia, ha conducido a una mayor burocratización, a duplicidades y gastos innecesarios, a un aumento de los cargos públicos, a desigualdades en el sistema educativo, lingüístico, sanitario, cultural e impositivo, en función del territorio donde se viva. Las Comunidades Autónomas, lejos de agilizar la gestión y la eficacia, han reproducido un modelo centralista, convirtiéndose en mini-estados que rivalizan por adquirir mayor poder, en detrimento del bien y el interés común.

Esta falta de racionalidad y mal funcionamiento ha producido, además, efectos sociales muy negativos, exacerbando las diferencias lingüísticas y culturales para convertirlas en arma política. El resultado ha sido la aparición de movimientos secesionistas que promueven la disolución del actual Estado democrático.

Creemos que es necesario reordenar la estructura y el funcionamiento actual del Estado para corregir los problemas denunciados. En concreto proponemos:

Que las competencias actualmente compartidas, cedidas o delegadas en las Comunidades en educación, sanidad, justicia, investigación, cultura y medios de comunicación nacionales, sistema impositivo y tributario básico, seguridad social y pensiones, control financiero, regulación laboral, emigración e inmigración, ayudas sociales generales, infraestructuras y comunicaciones de carácter general, espacio radioeléctrico, protección de la naturaleza y el medio ambiente, relaciones con Europa y política exterior (comercial y de defensa), así como otras competencias señaladas como exclusivas del Estado en la Constitución, sean reguladas y dirigidas directamente por el Estado a través del Gobierno Nacional.

Revisar la actual distribución territorial, reordenando el actual poder regional y provincial de acuerdo con criterios objetivos que busquen la mayor eficacia administrativa, favorezcan un desarrollo económico equilibrado y aseguren una mayor igualdad entre todos los ciudadanos.
Acabar con los privilegios forales del País Vasco y Navarra y promover su integración en el sistema económico y tributario general, eliminando progresivamente el actual trato diferenciado, privilegiado e injustificado que, además, es incompatible con las normas europeas (el País Vasco y Navarra disponen de entre el 30% y el 65% de recursos per cápita más que el resto de comunidades).
Reorganizar las actuales Diputaciones Provinciales para dotarlas de una estructura más democrática, eficaz y transparente, empezando por la elección directa de sus diputados.
Eliminar el Senado y que sus funciones se integren en las del Congreso, aumentando para ello el número de diputados a 400.
Unificar el sistema retributivo de los funcionarios, cargos públicos y políticos electos, de tal manera que exista una jerarquía en función de la relevancia política, institucional y de responsabilidad, estableciendo el principio de que ningún cargo administrativo o político puede cobrar más que el Presidente del Gobierno. Será el Parlamento quien establezca los topes en todas las retribuciones de los cargos públicos.
Eliminar cualquier privilegio (económico, pensiones, aforamientos, inmunidad) ligado a los cargos públicos y políticos.
Redefinir nuestro Estado como unitario y descentralizado, no confederal ni plurinacional, basado en una estructura escalonada y jerarquizada, en la que el poder y las normas del gobierno nacional tienen prioridad sobre los otros niveles: el gobierno territorial o regional, el gobierno provincial y el gobierno municipal. Ninguna norma puede contradecir la de orden superior. Sólo el Estado Nacional tiene competencias exclusivas.
Establecer que la titularidad del Estado debe ser única, especificando en cada caso quién gestiona y asume la responsabilidad de cada titularidad: el Municipio, la Diputación, la Comunidad o el Estado Nacional.

También necesitamos hacer efectiva una separación de poderes que afiance nuestro estado de derecho. La distinción y separación del poder legislativo, ejecutivo y judicial es la base del funcionamiento de una democracia. Es preciso identificar bien qué normas, qué estructuras y prácticas están hoy haciendo imposible esta separación e independencia. Qué es lo que permite que el poder ejecutivo del Gobierno de turno y el de los partidos mayoritarios, acabe controlando al poder legislativo y el judicial sometiéndolo a sus intereses políticos. Detectado el origen será más fácil tomar decisiones que hagan efectiva esa separación de poderes.

En general, creemos que para ello será necesario:
Democratizar el funcionamiento interno de los partidos, de tal modo que no se creen estructuras rígidas en las que un líder acapare en la práctica todo el poder, rodeándose de un pequeño grupo de incondicionales.
Establecer mecanismos democráticos de elección de las listas electorales que impidan la creación de camarillas y grupos de interés, que acaban premiando la fidelidad o el servilismo frente a la valía de personas críticas e independientes.
Convertir al Parlamento en un auténtico espacio de debate y de libertad, en el que los diputados no sean meros ejecutores de las consignas de los partidos, haciendo efectiva la libertad de voto. Que la disciplina de partido no sea la excusa para evitar la discusión y la confrontación de ideas, proyectos y propuestas. Que el Parlamento no sea un mero instrumento de propaganda política, un espectáculo televisivo que simula un debate inexistente. Que la labor de discusión no se sustituya por acuerdos de pasillo que luego se revisten de falsa discrepancia o de solemnes acuerdos.
En cuanto a la elección de los organismos del poder judicial, desde el Consejo General a la Fiscalía, debe establecerse que el candidato cumpla estrictamente todos los requisitos establecidos en la carrera judicial, y que no pueden ser otros que el mérito, la capacidad, la experiencia y la independencia política. Los cargos deben ser elegidos en primera instancia democráticamente por el conjunto de los jueces, magistrados y fiscales, y luego ser ratificados mediante control parlamentario. En cuanto a los fiscales, serán elegidos por el Gobierno, pero entre quienes lo soliciten y cumplan los requisitos establecidos en la carrera judicial, y serán igualmente ratificados mediante control parlamentario con mayorías reforzadas.
La unidad e independencia del poder judicial exige que todas las competencias en justicia estén exclusivamente en manos del Estado Nacional, sin intervención de los Gobiernos y Parlamentos Autonómicos, incluida la gestión administrativa y el control de los recursos y medios materiales y económicos, hoy en manos de las Comunidades.
Proponemos aumentar un 10 % el número de jueces y el resto del personal necesario para agilizar los procesos judiciales. Una Justicia lenta, siempre es injusta. Dotar de un sistema informático ágil, eficaz y compatible entre sí, en toda la Administración de Justicia, e informatizar el conjunto del material y documentación judicial aún hoy en legajos, para agilizar los procesos judiciales.

La separación de poderes no será posible sin funcionarios profesionales e independientes. Hay que limitar la capacidad de intervención política en el nombramiento de cargos públicos, reduciendo al mínimo el número de asesores o cargos de confianza. La reforma de la Administración, la desburocratización de la gestión pública, un mayor acercamiento a las necesidades de los ciudadanos, la eficacia y agilización de los trámites, exige un nuevo modelo de relaciones entre el Estado y los ciudadanos basado en la confianza mutua, y no en la sospecha y la desconfianza.
En general, los partidos tienen un excesivo poder y control sobre el Estado y la sociedad. Debe limitarse su poder para reforzar el de las instituciones delEstado y de las organizaciones de la sociedad civil, asegurando su libertad e independencia frente a la injerencia de los partidos, que se han convertido en aparatos con intereses propios al margen de los intereses de la mayoría.

 

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