Medio ambiente

UN DESARROLLO SOSTENIBLE QUE PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE Y LUCHE CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

 

El actual modelo energético, basado en el gas, el petróleo, el carbón y las centrales nucleares, debe modificarse hasta ser sustituido cuanto antes por energías limpias y sostenibles (aire, sol, agua, biocombustibles). Hemos de hacer frente al cambio climático, que tendrá graves consecuencias dada la especial vulnerabilidad de la Península Ibérica. El cambio climático no es una amenaza, sino ya una alarmante realidad que avanza de modo invisible cada día. En menos de un siglo las consecuencias pueden ser catastróficas para la economía de nuestro país, pera también para la salud y el bienestar de las personas, que habrán de enfrentarse a cambios drásticos en nuestras costas y a una desertización de gran parte de nuestro suelo. Ya se ha iniciado esta degradación con la desaparición de especies de aves, de insectos y de vegetales, transformando ecosistemas únicos y de enorme riqueza ambiental. El cambio climático nos empuja a una revolución tecnológica incesante que obligará a reorganizar la producción y, por consiguiente, también el mundo del trabajo y del consumo.

En contra de lo que se supone, España tiene suficiente capacidad para generar toda la energía necesaria para el consumo y la industria. La capacidad de producción de electricidad del conjunto de las centrales españolas es de más del doble de la necesaria, mientras que la red de transporte está saturada, que es donde radica el mayor problema. Otra mentira interesada que ha de desmontarse es que España tiene que importar electricidad. España exporta más electricidad que la que importa. Lo que no se corresponde con esta situación es que el precio de la energía eléctrica en España sea uno de los más elevados de Europa.

El principio general de la producción y el consume energético ha de ser la descarbonización de la industria, favoreciendo la proliferación de actividades económicas y empresariales de baja intensidad en carbono, lo que a menudo coincide con un alto valor añadido. Hemos de reducir drásticamente la producción y emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero. El principal origen de los estos gases es la producción y uso de energía (aproximadamente un 80%). En cuanto al ámbito de actividad donde se produce, destacan la industria, los edificios (residenciales, comerciales y públicos) y el transporte.

De acuerdo con estos principios proponemos:

Aprobar un plan general que promueva la extensión de bosques sostenibles y un aumento de la superficie verde en toda España, especialmente en las zonas amenazadas de desertificación.

En cuanto a la protección de los montes, es necesario denunciar el retroceso introducido por el Gobierno del Partido Popular en la Ley 21/2015, que incluso permite recalificar las áreas quemadas, lo que supone un incentivo a los incendios forestales.
De forma semejante debe modificarse la Ley 2/2013 en cuanto a la protección de las costas para evitar la degradación del literal, tanto del paisaje como la plataforma marina.
Hemos de reducir la producción de residuos no utilizables. Han de generalizarse las prácticas de reutilizar, reparar y reciclar. Han de erradicarse prácticas insostenibles, como la obsolescencia programada.
Hay que reducir el consumo de energía mediante la eficiencia energética, activando por completo la normativa europea al respecto que inexplicablemente no ha sido desarrollada y aplicada en nuestro país.

Rechazamos la privatización del agua y su sobreexplotación. El respeto al medio natural debe primar sobre los intereses económicos. El agua es de todos y, como el resto de bienes colectivos, deben estar al servicio del interés común.
Actualmente, la generación fotovoltaica no precisa de primas. Proponemos simplificar y facilitar técnica y administrativamente la instalación de generación fotovoltaica, especialmente en las modalidades de aislada y de autoconsumo, con preferencia para su ubicación sobre superficies arquitectónicas, constructivas, industriales o de otro tipo que no requieran ocupación de terreno.
En cuanto a la energía eólica, el énfasis debe ponerse en la eólica marina, tanto en su explotación como en su desarrollo tecnológico, sin descuidar la terrestre, pero reduciendo al mínimo el impacto ambiental y sin necesidad de potenciar grandes parques eólicos, sino de tamaño reducido.
Los biocombustibles de primera generación, extraídos de cultivos energéticos, pese a ser de origen renovable no pueden considerarse sostenibles, porque desplazan y encarecen cultivos alimentarios y porque su monocultivo produce pérdida de biodiversidad. No somos partidarios de la biomasa, salvo en el caso de aprovechamiento de residuos.

Respecto al fracking nos sumamos a las muchas voces que proponen la no autorización de sondeos ni explotaciones en España.
Proponemos que se elabore un plan nacional que obligue a todos los municipios a crear una red que permita recoger los alimentos no utilizados, facilitando a los ciudadanos, a la industria y a los comercios, su entrega cómoda y fácilmente accesible. Muchos de estos alimentos pueden comercializarse a un bajo precio cuando las condiciones de caducidad y conservación lo permitan. Los otros productos pueden reutilizarse para producir biomasa o para crear otros productos y envases.

Nuestra respuesta a la pregunta de si hay que construir o no centrales nucleares en España es no. Desde el punto de vista puramente técnico, no tiene sentido plantear la construcción de nuevas centrales nucleares, en cuya discusión nunca se tiene en cuenta, entre otras cosas, el problema de los residuos y el elevado coste de su almacenaje. Que las actuales centrales acaben su ciclo y no se renueve su utilización.

Defendemos la instalación y producción de energía fotovoltaica de autoconsumo. Actualmente, la generación renovable en autoconsumo resulta no solo rentable, sino muy conveniente para la independencia energética y para la estabilidad de la red. Sin embargo, el gobierno del Partido Popular ha dictado una execrable normativa, que en la práctica equivale casi a su prohibición. Esto va en contra del interés general, favoreciendo únicamente a las compañías que explotan el sistema de generación, transporte y distribución eléctrica, así como a los políticos que se han instalado en sus consejos de administración.
Por último, exigimos la derogación inmediata y total del RD 900/2015 y la revisión y reforma del RD 1699/2011, sustituyéndolos por una norma clara, sencilla y facilitadora del autoconsumo eléctrico, sin subvenciones, pero también sin trabas innecesarias y sin otorgar, como ahora, poder decisorio a las compañías distribuidoras.

 

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