Constitución, unidad y convivencia.

LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN PARA ASEGURAR LA UNIDAD Y LA CONVIVENCIA

 

España es un Estado Social y de Derecho legítima y legalmente constituido, basado en una Constitución plenamente democrática.

Defendemos la actual Constitución Española como la base fundamental de nuestra convivencia.

Antes que modificarla, es urgente hoy que la Constitución se respete y se cumpla, y que el Estado ejerza su poder contra quienes pretenden invalidarla, deslegitimarla y destruirla.

Exigimos que, de modo inequívoco, se cumplan algunos de sus principios fundamentales:
-La soberanía nacional reside en el pueblo español (art. 1º).
-La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española (art. 2º).
-Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (art. 14).
-Las diferencias entre los Estatutos de las diferentes Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos y sociales (art. 138).
-Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado (art. 139.1).

De acuerdo con esto, la primera y más urgente acción del Gobierno de la Nación, sea cual sea su signo político, es restablecer el orden constitucional, dictar normas que hagan efectivos los principios constitucionales señalados e invaliden cualquier norma o actuación que vaya en contra de ellos.
-El Gobierno Nacional y el Parlamento deben asumir su responsabilidad y velar por los derechos de los ciudadanos y, en aquellos casos en los que una Comunidad vulnere la ley, aplicar el artículo 155 de la Constitución. En concreto, debe aplicar ya este artículo en la Comunidad de Cataluña, dada la reiterada vulneración de la Constitución por parte del Gobierno de la Generalidad. Una de las primeras tareas que permitirá la aplicación de este artículo es hacer una auditoría de las cuentas de la Generalidad para conocer el dinero que ha ido a parar a la promoción del proceso independentista y la creación de “estructuras de Estado”.
-Igualmente debe revisarse (anularse o simplificarse) la legislación paralela que se ha ido construyendo a partir de una abusiva interpretación de la “apertura constitucional” en materias cuya competencia no aparece específicamente definida en la Constitución, que sistemáticamente se ha dejado en manos de las Comunidades.

 

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