Mes: noviembre 2020

EN DEFENSA DEL DERECHO A RECIBIR LA ENSEÑANZA EN ESPAÑOL

dCIDE-Centro Izquierda de España llama a defender el derecho constitucional a recibir la enseñanza en español en toda España por ser la lengua oficial y común que garantiza la unidad e igualdad de todos los españoles.

La actual coalición reaccionaria y separatista del Gobierno ha dado un paso más para destruir la unidad e igualdad de derechos de todos los españoles. La nueva Ley de Educación elimina el español como lengua oficial del Estado y como lengua vehicular en la enseñanza con la pretensión final de eliminar su condición de lengua común de todos los españoles.

Ningún padre ni alumno podrá reclamar el recibir ni una hora de enseñanza en español. Cada Comunidad Autónoma podrá establecer la lengua vehicular y el nivel de enseñanza del español que quiera. Poco importa que la Constitución diga en su artículo 3º que el español es la “lengua oficial del Estado” y que “todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. En la ley y en la práctica, este artículo queda abolido. Cuarenta años de gobiernos nacionalistas y filonacionalistas en algunas comunidades han perseguido e impuesto en la práctica lo que ahora el gobierno de Sánchez les otorga por ley. Es como dejar al zorro el cuidado de las gallinas.

Un Estado que renuncia a tener una lengua oficial y a establecer un control sobre su sistema educativo, deja de ser un Estado democrático. La enseñanza es el principal instrumento redistributivo e igualitario, que ofrece a cualquier ciudadano las mismas posibilidades de desarrollo y promoción. Al imponer la enseñanza en catalán, vasco, gallego o cualquier otra neolengua regionalista, y excluir al español, se da todo el poder educativo a las minorías nacionalistas y locales en contra de los intereses de la mayoría, y especialmente de las clases trabajadoras y con menos recursos, a las que se discrimina, divide y enfrenta por razones lingüísticas. Un poder que usarán para destruir cualquier vínculo lingüístico, mental y emocional con España y así lograr su principal objetivo, que no es otro que demoler el Estado y la Constitución democrática que lo sostiene.

El derecho a recibir la enseñanza en español es inseparable de la condición de ciudadano, sea cual sea el lugar donde se haya nacido o donde se viva. No es un derecho negociable ni sometido a ningún acuerdo o cambalache político. Pertenece a cada alumno y cada padre puede exigirlo como un derecho constitucional básico e irrenunciable. Se basa a su vez en otro universalmente reconocido: el derecho a recibir la enseñanza en la lengua materna, lengua que en este caso es, además, la más común entre los españoles, y como tal, la única lengua nacional de España.

Sólo respetando este derecho prioritario se puede establecer la enseñanza de otra lengua cooficial, nunca eliminando el español, como de hecho ocurre hoy en Cataluña gracias a la claudicación de todos los gobiernos desde hace 40 años. Que en Cataluña se persiga hoy el uso del español en todo el ámbito educativo, no sólo en las aulas, sino en pasillos, patios y comedores, y en la comunicación con los padres; y que ni siquiera se respete la norma de ofrecer un exiguo 25% de clases en español logrado en los Tribunales, es algo absolutamente intolerable. Que el TS, el TC, y los Tribunales Superiores de las distintas comunidades autónomas hayan fallado en numerosas ocasiones contra la violación de este derecho, y sin embargo hayan consentido que se burlen sus sentencias una y otra vez con el beneplácito de todos los partidos gobernantes, incluidos el PP y PSOE, les hace a todos cómplices del atropello.

Resulta de un cinismo insultante que la Ley establezca, al mismo tiempo que elimina el español, que los alumnos tendrán que alcanzar al final de la enseñanza obligatoria un “conocimiento y dominio pleno del castellano”. ¿Se puede exigir el conocimiento de una lengua que no sólo no se enseña, sino que se persigue? ¿Y quiénes serán los encargados de certificar este dominio? Los mismos que quieren acabar con el español y desterrarlo de la vida pública y social por considerarlo un obstáculo para sus fines separatistas. El lobo vigila a las ovejas. La Ley establece que serán “las administraciones educativas” de las CA las encargadas de la “verificación, análisis y control” de su propio sistema educativo. Desaparece la Alta Inspección. El Estado acepta así su propia desaparición en el ámbito educativo, el troceamiento de la soberanía nacional y su entrega por fases a los separatistas.

El idioma español es un bien común, forma parte esencial del bien común. La finalidad suprema del Estado es la defensa del bien común, de los intereses de la mayoría frente a cualquier privilegio de clase, económico, de lengua, de origen, étnico o territorial. El Estado democrático se rompe y claudica de su principal función si acepta cualquier privilegio contrario a la igualdad de todos los ciudadanos. No existe más que una sola ciudadanía. Esta Ley es profundamente antidemocrática, clasista, consagra privilegios y ataca a la libertad que tiene todo ciudadano de poder usar el español en su relación con la administración y con los demás ciudadanos en cualquier parte del territorio nacional.

El control de la lengua en la enseñanza forma parte de un proyecto totalitario que pretende dominar la mente y los sentimientos de los ciudadanos. Va en contra de la libertad esencial del ser humano a usar en todo momento la lengua que quiera y del derecho de cualquier niño a aprender la lengua de sus padres, que además es la lengua oficial de su país. No hay democracia en el mundo en que se permita nada parecido. No puede haber un ejemplo de tiranía mayor que el despojar a alguien de su propia lengua para imponerle otra que sirve a los intereses de una minoría privilegiada. Que partidos de izquierdas lo defiendan e impulsen es una prueba inequívoca de su deriva retrógrada y antidemocrática, de traición a los principios de igualdad y justicia más elementales. Deben ser por ello denunciados y combatidos. dCIDE llama a todos los ciudadanos a oponerse a este nuevo ataque a los fundamentos de nuestra democracia y a luchar contra quienes lo promueven.

Por su parte, Centro Izquierdea de España (dCIDE) instará al Defensor del Pueblo a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra dicha norma porque tanto en el espíritu del Art. 3.1 de la Constitución: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el derecho de conocerla y el derecho a usarla”, como en las sentencias del Tribunal Constitucional 337/1994, como en la sentencia de 2010 sobre el Estatuto de Cataluña dejan sentado la “conjunción lingüística” por la que castellano y catalán serán lenguas vehiculares sin que ninguna de ellas podrá ser exclusiva ni excluyente. Dicho de otro modo, el gobierno de Pedro Sánchez está prevaricando, pues en la práctica, legisla a sabiendas de que está yendo contra la propia ley.

España, 7 de Noviembre de 2020.

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En apoyo a Lidia Falcón, Presidenta del Partido Feminista de España

El 9 de octubre de 2020, el diario digital InfoLibre anunció que la Fiscalía de Barcelona ve indicios para abrir una investigación a Lidia Falcón, presidenta del Partido Feminista de España (PFE), tras una denuncia de la Federación Plataforma Trans interpuesta en Barcelona en diciembre de 2019.

Dicha denuncia viene a acusar a Lidia Falcón de comentarios y acusaciones tránsfobas.

Desde CRISOL, mostramos nuestro más absoluto apoyo a Lidia Falcón. Es una gran personalidad del feminismo en nuestro país y reconocida internacionalmente.

No se puede acusar de odio a alguien que denuncia públicamente el peligro de una proposición de ley que pone en peligro la salud y el futuro de los menores.

El generismo se nutre de la delicada autoestima de los menores que pretende borrar a las mujeres y destruir y menoscabar el feminismo. Defender los derechos de las mujeres y de la infancia no es odio.

Nos cuesta creer que Fiscalía de Barcelona haya leído y analizado el comunicado del PFE firmado por Lidia Falcón, porque en caso de haberlo hecho, ahora mismo sería la Plataforma Trans la que estaría siendo investigada por calumnias (ver comunicados del PFE de 4 y 7 de diciembre de 2019).

Consideramos también, que esta denuncia y posible investigación a Lidia Falcón, es un atentado contra su libertad de expresión.

Creemos que el apoyo de la Dirección General de Igualdad del Departamento de Trabajo, Asuntos sociales y Familias de la Generalidad de Cataluña la denuncia de la Federación Plataforma Trans, para lo que la denunciante, Mar Cambrollé, tuvo que presentar la denuncia en Barcelona y no en Sevilla donde reside, convierte esta denuncia en una persecución y un juicio político contra Lidia Falcón.

Anunciamos que, CRISOL se une y secunda las diferentes acciones que el Movimiento Feminista organice en apoyo a Lidia Falcón O’Neill, Presidenta del Partido Feminista de España.

El 9 d’octubre de 2020, el diari digital InfoLibre va anunciar que la Fiscalia de Barcelona veu indicis per obrir una investigació a Lidia Falcón, presidenta de el Partit Feminista d’Espanya (PFE), després d’una denúncia de la Federació Plataforma Trans interposada a Barcelona el desembre de 2019.

Aquesta denúncia ve a acusar Lidia Falcón de comentaris i acusacions tránsfobas.

Des de CRISOL, mostrem el nostre més absolut suport a Lidia Falcón. És una gran personalitat del feminisme al nostre país i reconeguda internacionalment.

No es pot acusar d’odi a algú que denuncia públicament el perill d’una proposició de llei que posa en perill la salut i el futur dels menors.

El generisme es nodreix de la delicada autoestima dels menors que pretén esborrar a les dones i destruir i menystenir el feminisme. Defensar els drets de les dones i de la infància no és odi.

Ens costa creure que Fiscalia de Barcelona hagi llegit i analitzat el comunicat del PFE signat per Lidia Falcón, perquè en cas d’haver-ho fet, ara mateix seria la Plataforma Trans la qual estaria sent investigada per calúmnies (veure comunicats del PFE de 4 i 7 de desembre de 2019).

Considerem també, que aquesta denúncia i possible investigació a Lidia Falcón, és un atemptat contra la seva llibertat d’expressió.

Creiem que el suport de la Direcció General d’Igualtat del Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya la denúncia de la Federació Plataforma Trans, per al que la denunciant, Mar Cambrollé, va haver de presentar la denúncia a Barcelona i no a Sevilla on resideix, converteix aquesta denúncia en una persecució i un judici polític contra Lidia Falcón.

Anunciem que, CRISOL s’uneix i secunda les diferents accions que el Moviment Feminista organitzi en suport a Lidia Falcón O’Neill, presidenta de el Partit Feminista d’Espanya.