Lucha contra la corrupción

LA LUCHA EFICAZ CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL FRAUDE PARA ACABAR CON EL ROBO Y LA IMPUNIDAD

 

La corrupción es uno de los elementos más destructivos de la democracia y la convivencia. Arroja sobre el Estado la peligrosa sospecha de ser un instrumento en manos de una minoría avarienta, egoísta y sin escrúpulos, capaz de utilizar los resortes del poder para su propio beneficio, apropiándose del dinero de todos.

La corrupción ha tenido efectos muy perniciosos para la economía (se calcula que alcanza el 3,5% del PIB anual), favoreciendo un capitalismo de pésima calidad competitiva, muy vinculado a la compraventa de favores personales.
Lo peor de la corrupción es la percepción de impunidad, empezando por la incapacidad para detectar su presencia y siguiendo por la benevolencia de las penas impuestas a los corruptos.
La corrupción está ligada al poder, por eso los partidos que han alcanzado mayor poder son los más corruptos.
En contra de lo que pudiéramos suponer, la descentralización autonómica no ha generado una mayor transparencia y un mejor control democrático de las decisiones y del dinero público, tal y como ponen de manifiesto los casos más escandalosos de corrupción que hemos conocido.
El fraude es otra forma de corrupción que priva a los ciudadanos de un dinero que también les pertenece. El principio de redistribución de la riqueza se basa en la justicia, no en el altruismo o la caridad: quien más gana debe contribuir más porque a su vez recibe más de la sociedad y el Estado, que crea las condiciones generales y necesarias para la obtención del beneficio y garantizar su propiedad.

Para luchar eficazmente contra la corrupción y el fraude, más allá de la indignación y las solemnes declaraciones, proponemos:
Establecer una mayor claridad y transparencia en la adjudicación de los contratos públicos, mejores controles en la rendición de cuentas, mayores penas para los corruptos y defraudadores, prolongar la no prescripción de los delitos y la obligación de la devolución de todo el dinero robado.
En el caso de la financiación ilegal de los partidos, deberá exigirse la devolución de todo el dinero recibido mediante comisiones, tráfico de influencias, información privilegiada y sobrecostes de contrataciones. Pero, además, deberá devolverse el dinero recibido del Estado en función de los resultados electorales, ya que esos resultados se han conseguido mediante campañas electorales financiadas ilegalmente.
También habrá que facilitar las denuncias, asistencia judicial inmediata y protección a los denunciantes de corrupción contra cualquier amenaza, discriminación o venganza por parte de los denunciados, así como el castigar con rigor las falsas denuncias.

Los cargos públicos y electos que sean condenados por corrupción o fraude deberán cumplir largas penas de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.
Es necesario impulsar activamente a nivel europeo e internacional la desaparición de los paraísos fiscales.

 

Ver documento completo