Medios de comunicación

LA NECESIDAD DE UNOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS QUE DEFIENDAN LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA LIBERTAD

 

El enorme poder que los medios de comunicación (radio, televisión, prensa, internet) ha adquirido en la sociedad actual obliga al Estado a intervenir en este ámbito tan decisivo para la transmisión de la información y la formación de opiniones, valores y actitudes sociales. Su función ha de ser, por un lado, el facilitar la existencia de una diversidad de medios privados que permitan el ejercicio de la libertad y pluralidad de información, opinión y entretenimiento; por otro, asegurar la existencia de medios públicos que atiendan a los intereses generales y actúen como un servicio público guiado por la imparcialidad y objetividad informativa, el respeto a la verdad y la libertad de opinión, y cumplan una función crítica y pedagógica que promueva la convivencia y la cohesión social.

Los medios públicos son esenciales para el buen funcionamiento de una sociedad democrática. No son algo de lo que la sociedad pueda prescindir, como lo demuestra el hecho de que la mayor parte de los países de Europa han fortalecido y consolidado en los últimos años el prestigio, la influencia y peso de referencia de la radiotelevisión pública. Los medios públicos de información y comunicación han sido los principales garantes de la diversidad y libertad informativa, y forman parte del modelo social europeo ya que cumplen un papel crucial para la cohesión social y la participación democrática. No se han hecho incompatibles, en modo alguno, con los medios privados.

La RTVE, en cambio, no ha logrado adaptarse a la irrupción de los medios privados y está sumida en una crisis de identidad, de organización, de credibilidad, de asunción del espacio público y la responsabilidad que le corresponde. La principal causa es su dependencia política y económica de los gobiernos de turno, que ejercen sobre ella un control antidemocrático y siempre partidista, empezando por el nombramiento de su Director General.

La segunda causa de su declive es el haberse negado a competir con los medios privados con una producción y una programación autónomas, buscando contenidos propios, afianzándose en la idea de servicio público, sin imitar los modelos basados en el sensacionalismo, la captación de espectadores degradando la información, buscando la excitación y la atención morbosa e intrascendente, enfatizando enfrentamientos y conflictos cargados de violencia verbal y simbólica, seleccionando la información y la opinión con criterios puramente comerciales, todo eso a lo que se ha llamado “telebasura”.

La tercera causa de la situación crítica que atraviesa la RTVE ha sido el perder su carácter nacional, integrador, defensor de una idea democrática de España basada en la cultura y la historia común, difusora de la igualdad entre todos los españoles. No sólo ha renunciado a esta función básica, sino que ha desmoronado su estructura nacional, troceándola en los servicios territoriales que cada vez tienen menos presencia y se han convertido en una rama más de las televisiones autonómicas, televisiones que han socavando los elementos de unión y el interés por los problemas comunes, diluyendo la imagen y la idea de España, privando a la sociedad de un instrumento vital de articulación cultural y de cohesión social y política.

En cuanto a la radio pública, tampoco se ha querido renovar y potenciar su capacidad de difusión, influencia, independencia y libertad, cediendo su espacio y su prestigio a las cadenas privadas y territoriales. Ni siquiera se ha sabido defender la competencia del Estado para ordenar y controlar el espacio radioeléctrico, cediendo ante el poder de los gobiernos territoriales, especialmente en Cataluña.

En cuanto a los medios de comunicación escritos han entrado en una profunda crisis al dejar de ser económicamente rentables, lo que les ha hecho depender cada vez más de las subvenciones directas o indirectas del Estado y de los bancos y empresas que los sostienen. Esta dependencia ha minado por completo su imparcialidad informativa, convirtiéndose en aparatos al servicio intereses particulares. En el ámbito de las Comunidades, la dependencia del poder político es total, como en el caso de Cataluña, en la que la mayoría de los medios están directamente subvencionados por la Generalidad, y se han convertido en instrumentos de propaganda del independentismo nacionalista, una anomalía democrática única en Europa.

Por todos estos motivos nosotros defendemos la necesidad urgente de unos medios de comunicación públicos no controlados por el poder político y que se pongan al servicio de la verdad, la convivencia y la libertad de información.

 

Para ello proponemos:

Que se realice una auditoría en RTVE para aclarar sus cuentas, el sistema de jubilaciones anticipadas, la contratación de servicios externos, la compra de productos, etc. Es necesario acabar con la opacidad y la falta de transparencia que desde hace años impide una planificación más eficaz de la gestión, el control del gasto y la justificación del mismo.

Que el nombramiento del Director General de RTVE y su Consejo de Administración se haga teniendo en cuenta el mérito, la capacidad, la experiencia y la independencia política entre los profesionales de los medios, mediante un procedimiento que asegure la prevalencia de estos criterios.

Que se establezca un sistema de financiación en el que se potencie la capacidad de generar ingresos con producciones propias y con la publicidad, ahora entregada por completo a los medios privados.

Que se recuperen los centros territoriales y se integren en un proyecto nacional autónomo y no dependiente de los Gobiernos Territoriales.

Que el Estado recupere sus competencias en la ordenación del espacio radioeléctrico y la concesión de ondas, frecuencias y canales.

Que se recupere una programación infantil de calidad, teniendo en cuenta que los niños pueden pasar tantas horas ante el televisor como en clase, así como programas formativos de calidad que atienda a la diversidad de intereses e inquietudes culturales y sociales.

Que se tenga siempre muy en cuenta la influencia de las imágenes y los mensajes sobre la mente, la actitud y la sensibilidad de los receptores, de tal modo que se valore siempre la objetividad, la verdad, la distancia crítica, la vinculación de la información con la realidad no distorsionada de los hechos y de acuerdo a la relevancia social de la información, no dejándose contaminar por los criterios de los medios privados.

Que se cuente con el talento y la creatividad de los profesionales de la RTVE hoy infrautilizados y marginados, lo que supone un despilfarro injustificable.

Creemos necesario que exista en Consejo de Vigilancia y Control Externo de los contenidos con el fin de que se respeten estos principios que justifican la existencia de medios públicos.

Que las televisiones autonómicas se transformen siguiendo los mismos criterios, rompiendo con la dependencia y el control político con el que hoy actúan.

Que la RTV pública afronte una renovación estratégica para hacerse presente en el medio digital, las redes sociales e internet, siguiendo el modelo de las televisiones públicas europeas que han convertido a internet en un “medio de medios”.

Especial importancia tiene que los medios públicos promuevan una imagen positiva de España en el exterior, que potencie la presencia en el mundo de nuestra lengua y cultura, especialmente en el área hispanohablante y latinoamericana, difundiendo los productos de nuestra industrial cultural (cine, libro, series televisivas, arte, gastronomía, turismo, patrimonio).

Que la cultura, junto a la información, sean los pilares sobre los que se asiente la tarea de los medios públicos. Especial importancia tiene contrarrestar la actual crisis de la idea y el sentimiento nacional español, que no es sólo una crisis política sino cultural. La RTV pública debe contribuir a que todos los españoles tengan un mejor conocimiento de nuestra historia, nuestro arte y literatura, nuestra diversidad y riqueza lingüística y patrimonial, geográfica, etnográfica, artística y creativa. Fomentar una cultura común que refuerce las relaciones y los vínculos emocionales, simbólicos, de cooperación y colaboración entre todos los españoles, con independencia de la lengua que hablen, el territorio donde vivan o hayan nacido, sus sentimientos de pertenencia, su situación social y económica o sus ideas políticas.

El Estado no puede convertirse en una mera superestructura jurídica. El Estado es inseparable de la idea de Nación, una construcción simbólica que debe sostenerse con la aportación de todos y basarse en el interés común.

El Estado debe favorecer la creación y el disfrute de la cultura como parte esencial del bienestar y el desarrollo humano, y como factor decisivo en el establecimiento de vínculos sociales de cooperación, tolerancia y convivencia. La existencia de una cultura común no significa la negación o desaparición de la gran diversidad cultural de España, una riqueza histórica y social que se manifiesta en todos los ámbitos y que debe ser también preservada, defendida y promovida.

 

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