Riqueza y empleo

POTENCIAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PRODUCTIVA PARA CREAR RIQUEZA Y EMPLEO

 

Los gobiernos pueden regular y controlar el capitalismo meramente especulativo y dar prioridad a la inversión productiva y la investigación tecnológica, apoyando y estimulando la economía real.
Una mejor regulación no implica una mayor legislación y burocratización, sino al contrario, una simplificación y clarificación de las normas y controles para facilitar la iniciativa individual y particular, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y el necesario retorno del beneficio en proporción al riesgo y la inversión.
El Estado debe confiar más en los ciudadanos para que los ciudadanos confíen a su vez más en el Estado. Es necesario construir vínculos de confianza mutua para que, ni el Estado deje de ejercer su función, ni los ciudadanos y empresarios dejen de cumplir sus obligaciones tributarias.

El Estado tiene una función insustituible en la creación de infraestructuras de transporte y comunicaciones para promover y sostener la actividad económica. Creemos que la titularidad de esos grandes medios debe seguir siendo pública (puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarril, industrias básicas), si bien la gestión puede estar en manos privadas o mixtas (público-privado).
Lo mismo hemos de exigir respecto a las infraestructuras de la comunicación a través de Internet, cuyo acceso hemos de considerar también como un bien social que el Estado debe garantizar en los medios de transporte (trenes, autobuses, metro, etc.), centros sociales e instituciones públicas, así como en el medio rural con el fin de evitar su aislamiento.
Especial importancia tiene que el Estado asuma la promoción de la investigación y el desarrollo de la ciencia, algo que exige un planificación y coordinación nacionales. Este desarrollo no será posible, sin embargo, sin la cooperación y colaboración de la iniciativa privada.

De acuerdo con estos principios proponemos:
Añadir al actual plan de infraestructuras, la creación, entre otros, de dos ejes fundamentales para una mejor vertebración del territorio: el eje o corredor central transpirenaico que abra una vía rápida de comunicación con Francia y Europa desde Algeciras-Madrid-Zaragoza-Huesca, y el eje transversal que potencie las comunicaciones con Portugal desde Lisboa a Madrid y al puerto de Valencia y su conexión con el Corredor Mediterráneo. Igualmente se debería empezar a estudiar la necesidad de construir un túnel para comunicarnos con el Norte de África, dada la enorme importancia comercial futura relacionada con el desarrollo de los países árabes.
Consolidar el actual cambio de modelo productivo, en el que el sector de la construcción deje de tener proporciones desmesuradas, para potenciar otros sectores industriales más variados y competitivos, como pueden ser un turismo de mayor calidad, la agricultura y la pesca sostenible, la industria de transformación y conservación de alimentos, la investigación médica y farmacéutica, el automóvil no contaminante, las energías renovables, la innovación tecnológica, la industria naval, etc.

Aumentar la inversión en I+D+i hasta alcanzar entre un 2% y un 3% del PIB.

Que la competencia en investigación, ciencia y desarrollo deje de estar troceada en 17 gobiernos y pase a ser competencia exclusiva del Estado Nacional.
Que se recupere el marco de la negociación y los convenios colectivos, introduciendo la flexibilidad necesaria, pero no dejando a los trabajadores sin ese sistema general de protección.
Simplificar los tipos de contrato hasta reducirlos al mínimo, con normas claras y flexibles que estimulen la contratación indefinida.

Llevar a cabo una profunda reforma de la Agencia Tributaria, tanto en funciones como en medios, de tal modo que su actuación no se centre en la persecución confiscatoria de la mayoría de contribuyentes (funcionarios, trabajadores por cuenta ajena, pensionistas, autónomos, pequeñas y medianas empresas), sino en el fraude de los altos profesionales, grandes fortunas, grandes inversores, grandes empresas y multinacionales, la economía sumergida, las mafias organizadas, el blanqueo de dinero, la evasión fiscal, la ocultación de capitales en paraísos fiscales, etc.

También deberá abordarse la necesidad de una simplificación y uniformización de las normas tributarias para que la actual maraña legislativa no favorezca a quienes pueden utilizar potentes gabinetes de abogados en su defensa, mientras que el contribuyente ordinario se ve totalmente indefenso ante las decisiones arbitrarias y en la práctica irrecurribles, de la Agencia Tributaria, decisiones que, además, pueden ser distintas en función del territorio o del inspector de turno.

Creemos también necesario unificar y reducir la actual tributación por herencias y transmisiones patrimoniales, algo que favorece a quienes tienen medios para eludir estos elevados impuestos, que resultan abusivos y expropiatorios para la gran mayoría de trabajadores y clases medias que ven desaparecer sus ahorros si quieren hacerse cargo de pequeñas herencias patrimoniales. Ni la total exención ni la desproporcionada subida a partir del segundo grado de parentesco responden a un criterio justo y proporcional. Estos impuestos suponen, además, una doble y triple tributación por lo mismo en la mayoría de los casos, con el agravante de la arbitrariedad en la valoración de la base imponible, especialmente en lo que se refiere a los inmuebles y la llamada plusvalía.

Favorecer, mediante una política de incentivos y exenciones fiscales bien controlada y orientada, la creación de pequeñas y medianas empresas, ya sea de autónomos o cooperativas, de emprendedores individuales o asociados, así como estimular el crecimiento y la fusión de empresas y su proyección en el extranjero, eliminando trabas burocráticas innecesarias, algunas derivadas de una legislación y tributación divergente en función de cada Comunidad Autónoma.

Especial importancia debe tener la racionalización del gasto público, para lo que será necesario revisar la política de ayudas destinadas a todo tipo de organismos y organizaciones, públicas y privadas, para justificarlas, unificar los criterios de concesión y evitar duplicidades.

Los llamados recortes se han centrado en los servicios públicos, no en el gasto, que ha aumentado. Esta anomalía injustificable debe corregirse para suprimir partidas que se mantienen muchas veces por inercia o para no enfrentarse a privilegios consolidados. El despilfarro del dinero público ha sido escandaloso, pero no se han modificado los criterios del gasto y la inversión, así que es necesaria una auditoría general del gasto público que descubra disfunciones, opacidades, prebendas y gastos no justificados. Sólo mediante una Administración menos costosa y transparente se pueden sanear las cuentas públicas, disminuir la deuda y controlar el déficit, que lastra nuestra economía.

El Estado debe intervenir para establecer una mejor regulación del sector bancario y evitar que vuelvan a producirse injusticias como el caso de las preferentes, las cláusulas suelo, los desahucios abusivos, la falta de liquidez y solvencia que llevó al rescate financiero pagado con el dinero de todos, una deuda que el Estado no puede en modo alguno perdonar o dejar de reclamar y exigir a los bancos rescatados.

La lucha contra la economía sumergida debe ser una tarea prioritaria. Es preciso detectar bolsas de trabajo hoy precario y no declarado que pueden incorporarse a la economía regular facilitando esta integración con medidas adecuadas. En este caso se encuentran los puestos de trabajo dedicados a la ayuda a las personas (mayores, discapacitados, enfermos crónicos, tareas del hogar, etc.) que se calculan en un millón, además de otro millón de empleos potenciales relacionados con este sector y no deslocalizables, un sector que debería incentivarse para sacarlo de la economía sumergida por justicia social y reconocimiento de su importantísima labor social, pero también por su contribución fiscal (Seguridad Social, IRPF, IVA). El aumento de las expectativas de vida, la incorporación de la mujer al trabajo, la conciliación trabajo-familia, la fijación de la población rural, son elementos que nos muestran la importancia creciente de este sector.

Tarea prioritaria es el establecer un riguroso y realista Plan Nacional de Empleo, que recoja las iniciativas de los sectores más dinámicos de la economía y que apueste por la creación de nuevas áreas de trabajo, como todo lo referente a la ayuda a las personas (mayores, dependientes, discapacitados, enfermos crónicos, asistencia al hogar, etc.), hoy en gran parte economía sumergida; sectores de creatividad e innovación tecnológica, informática y robótica, energías renovables, revitalización de la agricultura, turismo de calidad, revalorización del patrimonio arquitectónico, histórico y natural, etc. Sin fomentar la creatividad y la capacidad emprendedoras, la búsqueda del valor añadido a lo que ya producimos y exportamos, no podremos crear más y mejores empleos, el único camino para estimular la actividad económica en su conjunto. La inversión pública en infraestructuras, comunicaciones, energías renovables, servicios sociales, sanidad y educación, debe tener muy en cuenta los objetivos generales de ese Plan Nacional de Empleo para que todos los esfuerzos vayan en la misma dirección.

 

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