La acción represora del franquismo sobre el uso de las lenguas regionales es una de las mentiras más flagrantes y reiteradas de las que se ha valido el nacionalismo fragmentario para tratar de blindar su acción legisladora autonómica y poder así, con esa excusa, hacer y deshacer a voluntad en su ámbito regional correspondiente (estatutos, leyes de normalización lingüística, etc.). Una (presunta) represión la franquista que buscaba, al parecer, la imposición de la lengua española (castellana) sobre el resto de lenguas peninsulares, suponiendo ello, naturalmente, un retroceso injusto para las lenguas vernáculas, propias de cada región, que acaban siendo conducidas finalmente a la anormalidad (reducidas, se dice, a un uso clandestino, con hablantes despreciados, multados, encarcelados, incluso fusilados, se llega a decir, por el simple hecho de hablar en una lengua regional).
Esta represión ha valido pues, así en Galicia, como en Cataluña, en el País Vasco, etc., para justificar una legislación en sentido contrario, contrario a esa fantástica represión, buscando ahora normalizar, es decir, compensar y reequilibrar el uso de ese idioma propio por los cauces que, se supone, llevaría en cada región si no fuera por esa imposición política centralizadora del castellano. La lengua castellana, al transformarse en español, de un modo artificioso, forzado, violento en fin, ha invadido ámbitos que no le correspondían, ya ocupados por otras lenguas, siendo necesario ahora, incluso perentorio, compensar ese desajuste y devolver cada lengua a su lugar natural correspondiente.
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