El Gobierno ha vetado la presencia del Jefe del Estado en Cataluña. Le impide acudir a un acto institucional. Es un hecho gravísimo y sin precedentes. Con él se legitima, de modo abierto y oficial, el propósito de los partidos anticonstitucionales de acabar con el actual orden democrático. El PSOE, siguiendo al PSC, se ha situado objetiva y públicamente fuera del marco constitucional. Los españoles deben saberlo para no dejarse engañar más.
El Rey, recordemos, es legítima y democráticamente el actual Jefe del Estado. A ningún ciudadano se le puede impedir acudir a una parte del territorio nacional y más al Jefe del Estado cuando trata de cumplir con sus obligaciones institucionales. No hay justificación alguna. El argumento de la seguridad es insultante. Si un Estado se confiesa incapaz de proteger a su máxima autoridad, deja de ser Estado. Igualmente sería abyecto el ceder ante la amenaza de disturbios. Altercados y actos violentos que, por otra parte, se consienten e incluso se apoyan y animan desde el actual Gobierno de la Generalidad.
No hay otra explicación que la de dar un paso más para deslegitimar la figura del actual Jefe del Estado y así destruir el lugar simbólico que ocupa como garantía de la unidad y la igualdad entre todos los españoles. Este es el objetivo político, cada día más indisimulado, abiertamente defendido por el actual Vicepresidente del Gobierno, que se ha puesto a la cabeza de esta nueva rebelión anticonstitucional que trata de despojar al Jefe del Estado, en la práctica, de todas sus funciones y obligaciones institucionales, intentando arrinconarle para convencernos de su inutilidad.
Digamos claro que este ataque descarado a la Jefatura del Estado es un ataque directo a la democracia y el derecho de todos los españoles a mantener una institución democrática fundamental para impedir que los separatistas, los nacionalistas, los herederos del terrorismo y los partidos de la izquierda oficial y reaccionaria, destruyan el Estado democrático que asegura nuestra convivencia. España como nación, como garantía de los derechos de todos los españoles, como realidad histórica, como Estado basado en una Constitución plenamente democrática, debe tomar consciencia del peligro de autodestrucción que actos como éste, de impedir la presencia del Rey en un acto institucional, encierran y promueven.
Quisiéramos también que la propia Jefatura del Estado asumiera su responsabilidad y se negara a obedecer órdenes que le impidan cumplir con su función. Nuestra Constitución no le otorga un papel meramente decorativo o de simple ejecutor de las órdenes del Gobierno. Tiene la función superior de garantizar el orden constitucional, no la de aceptar pasivamente su desmoronamiento. En modo alguno se le puede exigir que consagre con su sumisión un proceso de autodestrucción del actual orden constitucional. Tal sería el firmar, por ejemplo, el indulto a unos golpistas que no sólo no se arrepienten de sus actos de rebelión y sedición, sino que proclaman que volverán a hacerlo.
dCIDE es un partido que quiere defender los ideales de una izquierda democrática y desenmascarar a la izquierda oficial, ya claramente reaccionaria, que ha traicionado a los principios de libertad, igualdad, fraternidad, unidad y legalidad con que se inició la democracia moderna y en los que se fundamentan las naciones y las sociedades más avanzadas del mundo. España necesita un partido que equilibre el actual panorama político abocado a un enfrentamiento civil que volvería a hacer realidad nuestras peores pesadillas. Transigir con actos como el que denunciamos, restarle importancia, aceptar las condiciones impuestas por los separatistas y antidemócratas, esgrimir razones de alta política para encubrir cambalaches jurídicos y apaños de conveniencia, es degradar la política y despreciar la voluntad de convivencia y unidad de la mayoría de españoles.
Unir una crisis política e institucional, a la crisis económica, social y sanitaria actual, es el objetivo de quienes creen que ha llegado el momento de asaltar el poder para ponerlo al servicio de sus intereses y acabar con el orden democrático establecido en 1978. Ningún español debería ignorar esta grave amenaza, sino tratar de impedir que se haga realidad. Apóyanos. Únete a nosotros. Decídete.
España, 25 de Septiembre de 2020.
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