La ley electora

EL CAMBIO DE LA LEY ELECTORAL PARA LOGRAR UNA REPRESENTACIÓN MÁS DEMOCRÁTICA

 

La actual Ley Electoral ha tenido un efecto perverso, no sólo por castigar a los partidos minoritarios, sino por favorecer a los partidos nacionalistas al premiar la concentración del voto del territorio frente al voto individualizado. El nacionalismo ha gozado de una situación de privilegio para condicionar así los gobiernos nacionales, algo que ha sabido utilizar para avanzar hacia un proceso de ruptura, perfectamente diseñado y llevado a cabo de modo consciente, aprovechando la debilidad, la dejación y el entreguismo de los sucesivos gobiernos nacionales.

El sistema de listas cerradas y controladas férreamente por la dirección de los partidos, por otra parte, impide que el voto se vincule a la gestión de los intereses y el mandato de los ciudadanos, transformando la representación en un asunto meramente formal, sin la posibilidad de exigir a los representantes elegidos una responsabilidad directa y personal de su actuación.

Es necesario establecer una nueva Ley Electoral que se base en el principio general de “un ciudadano, un voto”, de tal manera que el voto tenga el mismo valor con independencia del territorio en el que cada ciudadano resida. Las correcciones que sean necesarias para adecuar los resultados electorales a la dispersión territorial de la población, no deben invalidar o distorsionar ese principio general. La política de reequilibrio territorial, de adecuación de la acción política a las necesidades de los ciudadanos en función de las distintas condiciones geográficas y sociales, debe llevarse a cabo, no necesariamente mediante un sistema de representación territorial como el actual, que toma como base la provincia, sino mediante decisiones políticas en las que intervendrán tanto el Gobierno Nacional como la Comunidad, la Diputación y el Municipio, para lo cual no es necesaria la representación directa del territorio.
Esta nueva Ley Electoral debiera regular la elección de cargos unipersonales (presidente del Gobierno, Presidentes de las Comunidades, de las Diputaciones y Alcaldes) mediante elección directa y a segunda vuelta. Este sistema evitaría el supeditar estos cargos al arbitrio de conveniencias partidistas en que las minorías adquieren un poder desmesurado, obligando a acuerdos espurios y opacos difícilmente controlables.

 

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