Pensiones

BLINDAR LAS PENSIONES: UN OBJETIVO PRIORITARIO E IRRENUNCIABLE

 

Pocos problemas causan mayor preocupación que la incertidumbre respecto al futuro de las pensiones a corto y largo plazo. Es preciso tomar una decisión clara e inequívoca al respecto. Sin ofrecer a los actuales y futuros pensionistas un sistema que garantice una pensión digna, todo nuestro sistema social se viene abajo. Se trata de la principal garantía social que debe ofrecer nuestro Estado de Derecho. No es un asunto que se pueda dejar en manos de la coyuntura política o económica.

En primer lugar, hemos de reafirmar que el derecho a una pensión digna y proporcional a los años y la cotización aportada, no es un acto de generosidad o caridad por parte del Estado, sino un derecho fundamental, con independencia del cálculo y las condiciones que se establezcan. El principio general es que todo trabajador que llegue a la edad de jubilación tiene derecho a una pensión suficiente. La edad general de jubilación será de 65 años, pudiendo el propio trabajador optar por alargar su vida laboral en función de su salud, sus preferencias y los requisitos de su trabajo. Se eliminarán las jubilaciones anticipadas de empleos que no entren en la categoría de trabajos inadecuados o imposibles de realizar a ciertas edades.

En cuanto a los trabajadores que no hayan cotizado un mínimo de años, o aquellas personas que no hayan contribuido al fondo de pensiones por circunstancias personales (parados, trabajo familiar, incapacidad, enfermedad, trabajos no remunerados, etc.) debe asegurárseles igualmente la percepción de una pensión mínima y digna.

Frente al argumento de que, al disminuir la población activa, el número de cotizantes y la cuantía de las cotizaciones, y aumentar, al mismo tiempo, el número de jubilados al prolongarse la edad de vida, no es posible garantizar las pensiones, nosotros defendemos que, con independencia de estas tendencias, es necesario tener asegurada la cuantía de las pensiones como una prioridad irrenunciable. Podemos resumirlo diciendo que, en caso de necesidad, cualquier otra partida de gasto debe supeditarse a este.

De acuerdo con esto proponemos:

Que se mantengan las condiciones del Pacto de Toledo anteriores a la actual crisis para los trabajadores ya jubilados.

Que nunca los pensionistas pierdan poder adquisitivo, por lo que su pensión deberá revalorizarse cada año según el índice de la vida.

Que el cálculo de los nuevos pensionistas se haga en función de toda su vida laboral o, en caso desfavorable para el trabajador, teniendo como referencia la media de los años de mayor cotización.

Que la pensión sea compatible con la realización de trabajos remunerados por los que se cotice de acuerdo con las normas generales.

Que la cuantía de la pensión tenga en cuenta, como se hace para el establecimiento de determinados impuestos, los ingresos y la renta disponible del jubilado en el caso de que supere determinados índices.

Que se anulen las pensiones extraordinarias de cargos públicos y se ajusten al régimen general, con independencia de que se establezcan algunas retribuciones extraordinarias ligadas al cese del cargo en casos excepcionales.

 

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