Libertad lingüística

UNA LEY NACIONAL DE LENGUAS QUE RESPETE LA LIBERTAD LINGÜÍSTICA

 

El español es la única lengua común de los ciudadanos españoles. Este hecho es el resultado de un proceso histórico que ha acabado convirtiendo al español en la lengua conocida por todos los ciudadanos españoles en todos los territorios de España. El español es, además, una lengua universal cuyo conocimiento facilita intercambios y comunicaciones con millones de seres humanos. Hemos de considerar el idioma español, por lo mismo, un factor esencial de comunicación y convivencia entre todos los españoles y un importante instrumento de comunicación con el resto del mundo.

Además del español, en determinadas regiones y zonas de España se hablan otras lenguas, resultado de la evolución histórica (el catalán-valenciano, el vascuence o euskera y el gallego) y otras modalidades lingüísticas más minoritarias (el aranés, el aragonés, el asturiano, el leonés y otras).
Al ser el idioma común y el más hablado en todo el territorio, el español es la lengua oficial del Estado, un hecho que facilita y permite el trato igualitario de cualquier ciudadano con la Administración, la información y el conocimiento de las normas y los derechos, los intercambios legales y comerciales y, en general, el desarrollo de todo tipo de relaciones sociales entre los ciudadanos.

En los territorios donde se habla, además del español, otras lenguas como las ya señaladas, los Estatutos han establecido el principio de cooficialidad, que obliga a la Administración territorial y local, al uso de las dos lenguas oficiales en sus comunicaciones con los ciudadanos.
Más allá de su carácter oficial, las lenguas son ante todo un instrumento de comunicación cuyo uso depende de la libre voluntad de sus hablantes. El respeto a este principio básico de libertad lingüística supone que nadie pueda ser discriminado por razones lingüísticas en el ejercicio de sus derechos.
Otro principio básico es que los territorios no tienen lengua, ni propia ni impropia, ya que la lengua pertenece exclusivamente a los hablantes y no emana de la tierra. Las lenguas, por tanto, no tienen derechos, sino sus hablantes. Por el mismo motivo carece de sentido hablar de Estado monolingüe o plurilingüe. Que en España se hable el español y otras lenguas, como ocurre en todos los Estados del mundo, no significa que el Estado pueda ser sujeto de derechos lingüísticos, algo que sólo puede atribuirse a los hablantes.

Los nacionalistas, en contra de todos estos principios, han convertido la lengua en un arma política, una herramienta étnica y de construcción nacional, identificando lengua, pueblo y nación. Su empeño en imponer su lengua en la enseñanza desde la escuela infantil, no tiene fundamento en ningún derecho, y solo responde al objetivo de preparar las condiciones para la secesión. Reivindicar el derecho a hablar la propia lengua nada tiene que ver con el propósito de imponerla y de excluir de la vida pública y social al español.

 

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