ESTATUTOS DEL PARTIDO

CENTRO IZQUIERDA DE ESPAÑA

PREÁMBULO

La sociedad española atraviesa una profunda crisis económica, social, territorial, institucional y política que ha llevado a muchos españoles a retirar su apoyo a los partidos hasta ahora dominantes. La aparición de nuevas formaciones políticas tampoco ha logrado atraer a una mayoría suficiente como para alcanzar una estabilidad política y social. Muchos españoles, cada día más preocupados por el deterioro institucional y de la convivencia, siguen hoy sumidos en la indecisión y la incertidumbre al no sentirse representados por ninguna de las opciones políticas existentes. La elaboración de un nuevo proyecto político responde a la necesidad de frenar este proceso de degradación de nuestro sistema democrático y de recuperar la confianza de los ciudadanos en el presente y el futuro.

Los partidos son considerados hoy por muchos ciudadanos meros instrumentos de propaganda y control al servicio de sus propios intereses y de los poderes económicos. Su estructura es poco democrática, su financiación opaca e irregular y su funcionamiento favorece el oportunismo y la corrupción. La política se ve como un espacio en que se practica sistemáticamente la mentira, el engaño y la manipulación de los ciudadanos. Los políticos, por el mero hecho de serlo, despiertan el rechazo y la desconfianza de la mayoría, tanto por su lenguaje y actitud ante los ciudadanos, como por la situación de privilegio y las prebendas de que gozan. Es imprescindible recuperar la dignidad y el prestigio social de la acción política, y el valor democrático de los partidos.

La actual dispersión y distribución geográfica de los partidos, por otra parte, pone de manifiesto la crisis institucional del Estado y la falta de unidad y cohesión social. Frente a la existencia de unos pocos partidos de ámbito propiamente nacional han surgido muchos partidos locales y regionales, e incluso sindicatos, a los que une el rechazo del actual marco constitucional que asegura nuestra democracia. Su carácter antiespañol, nacionalista y secesionista, al que se suma el neopopulismo de izquierdas, ha llevado a una situación totalmente anómala en el ámbito democrático europeo, en que la mitad del arco parlamentario es constitucionalista y defensora de la igualdad de todos los españoles, con independencia de su lugar de residencia, frente a otra mitad que se desentiende del bien común, desprecia la Constitución y está dispuesta a saltarse las leyes básicas que aseguran nuestra unidad y convivencia.

Negando la realidad histórica, cultural y política de España como nación, han logrado que los partidos nacionales, incluso, actúen con timidez y complejos a la hora de definir y defender la legalidad y legitimidad democrática de nuestra Constitución y la igualdad de derechos y deberes de todos los españoles. La manipulación y la mentira sistemática, la presión política, la propaganda constante, la imposición, la amenaza y el chantaje, practicado durante décadas por los movimientos separatistas, ha logrado desmoralizar a los españoles, quebrar su confianza en la unidad y la convivencia, extender un complejo de culpabilidad franquista paralizante que ha permitido a esos partidos independentistas imponer su hegemonía moral y condicionar nuestro futuro.

Paralelamente, la corrupción sistémica ha deslegitimado a los partidos nacionales para hacer frente al desafío separatista, basado, a su vez, en una impunidad consentida que ha permitido desviar grandes cantidades de dinero público al proceso disgregador y el enriquecimiento personal de sus promotores.

Ante esta situación de crisis política general, creemos necesario ofrecer a los españoles un nuevo proyecto político que ayude a recuperar la autoestima y confianza en nuestra nación y en el Estado de Derecho, superar los complejos impuestos, afianzar la democracia y las instituciones públicas, reformar y renovar nuestra Constitución para asegurar la unidad, igualdad y progreso de todos los españoles. Un proyecto integrador, aglutinador de muchos esfuerzos hoy dispersos, capaz de ilusionar a una mayoría e iniciar una nueva etapa de bienestar y convivencia que potencie todas nuestras capacidades y energías.

La situación política e institucional señalada ha venido acompañada de una profunda crisis económica y social. La sociedad española vive un momento de tensión y preocupación generalizada por el paro, el empeoramiento de las condiciones de trabajo, los bajos salarios, la precariedad e inseguridad en el empleo, la ausencia de futuro para los jóvenes, el aumento de la pobreza, el deterioro de la sanidad y la educación, la falta de apoyo a las personas mayores y dependientes, los desahucios indiscriminados, la lentitud y la desconfianza en la justicia, la injusta distribución de los impuestos, la pérdida de los ahorros, los abusos bancarios, el futuro de las pensiones, etc.

Los sentimientos de miedo, inseguridad e impotencia para cambiar la situación, empujan a muchos ciudadanos a la búsqueda de soluciones urgentes y extremas, llevándoles a confiar en promesas demagógicas o irrealizables, despreciando los riesgos que implican.
Nadie puede asegurar que la situación actual no provoque un aumento de los conflictos políticos y sociales y un mayor deterioro económico y de la cohesión social. Si la situación sigue empeorando, no hay que descartar la irrupción de la violencia en la escena política, ya hoy presente en muchos comportamientos verbales y gestuales. Ese proceso tomaría un rumbo peligroso en el caso de que en Cataluña triunfara el proceso separatista, algo que no podemos descartar en modo alguno, teniendo en cuenta la inacción claudicante de los distintos gobiernos ante los gestos y actos cada vez más atrevidos del independentismo separatista y ante la actitud incrédula y pasiva de buena parte de la sociedad española.

El deterioro social actual puede ser el preámbulo de una situación mucho más grave que se precipite en los próximos años. Quien se niegue a aceptar esta posibilidad es que quiere cerrar los ojos a la realidad, refugiarse en interpretaciones tranquilizadoras o evadirse esperando soluciones mágicas que el tiempo descubra por sí mismo. No podemos olvidar que, además de los hechos, son las ideas, los sentimientos y la propaganda elementos muy poderosos capaces de provocar y mover las reacciones de los grupos sociales. Más preocupante resulta este hecho al comprobar que no existe hoy en España ningún acuerdo ni ningún movimiento político unido capaz de establecer una alternativa seria a los intentos de desmoronamiento del Estado, de la unidad y convivencia de todos los españoles. El impulsar un nuevo proyecto político democrático, de centro izquierda nacional, responde a esta necesidad e inquietudes.

1. PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1

Al amparo de los artículos 6º de la Constitución Española y de los artículo 1 y 2 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos (BOE nº154, de 28 de junio) se constituye el Partido Político denominado CENTRO IZQUIERDA DE ESPAÑA. Sus siglas son CIDE y su símbolo lo constituyen estas mismas letras, se añade una d minúscula delante de la sigla, seguido de un icono en forma de W abreviada, con el nombre de “Centro Izquierda de España” debajo.

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Artículo 2

dCIDE es un Partido democrático de centro izquierda nacional, que tiene por finalidad contribuir a la formación de la voluntad política de la ciudadanía, así como promover su participación en las instituciones representativas de carácter político mediante la presentación y apoyo de candidaturas en las correspondientes elecciones. Su objetivo es contribuir a la regeneración política e institucional, afianzar los valores del sistema democrático, asegurar la libertad e igualdad de todos los ciudadanos, promover la convivencia y la unidad entre todos los españoles y realizar todas las reformas y cambios necesarios en el Estado y sus instituciones para asegurar el bien común.
En concreto, el dCIDE es un partido constituido por ciudadanos que comparten, defienden y promueven los siguientes fines y principios que orientan su proyecto político:

2.1 La democracia

El respeto y la defensa de un sistema social democrático como instrumento fundamental para organizar el Estado, asegurar la libertad, la igualdad, la paz y la convivencia entre todos los ciudadanos españoles, así como su participación política. Todo ello formalizado y delimitado por leyes fundacionales que hagan posible el respeto al marco democrático y sus reglas.
La democracia no es sólo un sistema de votación y representación política ejercida a través de los partidos, sino un conjunto de actitudes, valores y comportamientos que deben interiorizar los ciudadanos y regir sus relaciones sociales.

2.2 La igualdad

El respeto y la defensa de la igualdad entre todos los ciudadanos, su condición de seres libres y responsables, su derecho a vivir una vida digna y plena, a aspirar a desarrollar sus capacidades con independencia de su origen familiar, lugar de nacimiento y residencia, creencias religiosas, ideología política, sexo, edad, lengua o cualquier otra diferencia. El sistema democrático ha de garantizar la promoción integral de los ciudadanos en condiciones de igualdad en todo lo referente al acceso a los bienes y servicios públicos.

2.3 La libertad

La libertad se basa en el reconocimiento y el ejercicio de los derechos. Los derechos son, en primer lugar, de las personas en tanto que ciudadanos.
Los derechos colectivos emanan de los derechos individuales sin los cuales aquéllos se convertirían en privilegios.
No existen, como tales, derechos territoriales que se fundamenten o emanen de los territorios, ni derechos históricos basados en acuerdos o leyes predemocráticas.
La libertad individual busca el interés y el provecho personal, y ambos están supeditados al bien común o general. Las leyes democráticas establecen, en caso de conflicto, los límites y relaciones entre libertad individual y bien común.

2.4 La naturaleza

La defensa de la naturaleza, el equilibrio ecológico y el control de los recursos naturales debe prevalecer frente a cualquier interés particular o de mercado.
Todos los ciudadanos tienen derecho a vivir en un medio limpio de contaminación (del aire, del agua, del ruido, de la aglomeración, de radiaciones perjudiciales para la salud), en un entorno natural armónico y equilibrado.
El desarrollo urbano, industrial, minero, agrícola, ganadero, marino, turístico o de espacios de ocio, debe hacerse compatible con el respeto a la biodiversidad y el equilibrio natural de los bosques, ríos, costas, recursos y espacios protegidos. El desarrollo, por tanto, ha de ser sostenible.
Esto implica establecer un control de los procesos de producción, distribución y consumo de tal modo que exista una vigilancia constante sobre el uso de artículos fitosanitarios, pesticidas, herbicidas, plaguicidas, medicamentos veterinarios y contaminantes de todo tipo, defendiendo por igual la salud y la prevención de enfermedades humanas y animales como el mantenimiento y la conservación de la naturaleza y del medio ambiente.

2.5 La convivencia

La existencia de distintas culturas, lenguas, ideologías, creencias, religiones, modos de vida y costumbres es una manifestación de la libertad, la creatividad y la diversidad humana.
Cualquier expresión de racismo biológico o cultural, cualquier tipo de xenofobia (judeofobia, islamofobia, hispanofobia, catalanofobia, etc.) o cualquier otro tipo de discriminación o supremacismo, socavan la convivencia e incitan al enfrentamiento y al odio y, por tanto, han de ser erradicadas, combatidas y deslegitimadas.

2.6 El laicismo

El Estado, sus instituciones y sus leyes han de constituirse y actuar de acuerdo al principio de laicidad que establece la separación entre el ámbito público y civil, y el privado y religioso. La libertad de creencias, de religión y de culto debe asegurarse mediante la neutralidad laica del Estado.

2.7 El humanismo

El respeto y la defensa de los Derechos Humanos deben extenderse a todos los individuos, grupos, pueblos y naciones de la Tierra, promoviendo un sentimiento de fraternidad y solidaridad universal.
La lucha contra la explotación, la esclavitud, la injusticia, la ausencia de libertades, el terrorismo, la pobreza y la desigualdad en el mundo no es algo ajeno a la defensa de esos mismos principios en el ámbito nacional. La común  condición humana, así como la interdependencia y globalización de las relaciones comerciales, técnicas y sociales hace que no existan ya problemas humanos de los que podamos despreocuparnos.

2.8 La nación

La nación no exige la homogeneidad cultural, lingüística o ideológica de sus ciudadanos, sino el establecimiento y el respeto a unas leyes y derechos comunes.
La nación es el conjunto de ciudadanos que comparten unas leyes comunes dentro de un ámbito territorial concreto. La nación moderna se constituye como un Estado democrático libremente refrendado por el conjunto de sus ciudadanos, en los que reside la soberanía. Nación y Estado son, por lo mismo, inseparables.
España es el nombre con el que identificamos a nuestra nación desde hace cinco siglos. Recuperar el uso natural y habitual de este término, tanto en el lenguaje político como en el cotidiano, despojándolo de toda connotación y manipulación ideológica y partidista, y dotándolo de un contenido cultural, histórico y democrático transparente, es una tarea hoy absolutamente necesaria para restablecer y promover lazos y vínculos fraternos y solidarios entre todos los españoles.

2.9 La lengua común

El español es la lengua común del conjunto de los ciudadanos españoles. Este hecho es el resultado natural de un proceso histórico basado en relaciones de todo tipo (territoriales, políticas, culturales, comerciales, familiares y personales).
El español es, además, una lengua universal cuyo conocimiento facilita intercambios y comunicaciones con millones de seres humanos. Hemos de considerar el idioma español, por lo mismo, un factor esencial de convivencia entre todos los españoles y un importante instrumento de comunicación con el resto del mundo.
El derecho a su conocimiento y dominio ha de asegurarse mediante una enseñanza común en todos los niveles de la educación pública, no sólo como materia de estudio sino también como lengua docente o vehicular. En las Comunidades Autónomas en que exista cooficialidad, los padres han de poder elegir uno de los dos idiomas como lengua vehicular en la educación y enseñanza de sus hijos, con independencia del aprendizaje de otras lenguas no oficiales.
El uso del español como lengua oficial, en consecuencia, debe establecerse y asegurarse en todo el territorio y en todos los ámbitos de la organización y funcionamiento del Estado.

2.10 Las otras lenguas de España

La existencia de otras lenguas cooficiales con el español en algunas CCAA, obliga a las administraciones autonómicas y locales, en los territorios correspondientes, a garantizar los mismos derechos lingüísticos a sus hablantes que a los de la lengua común.
Como resultado natural del desarrollo histórico se hablan hoy en determinados territorios de España, además del español, otras lenguas (el catalán-valenciano, el vascuence o euskera y el gallego) y otras modalidades lingüísticas más minoritarias como el aranés, el aragonés, el asturiano o el leonés.
La regulación de todas estas lenguas debe tener en cuenta, en primer lugar, la libre voluntad de sus hablantes y la viabilidad de las administraciones autonómicas y locales a la hora de proporcionar su enseñanza.
La cooficialidad con el español ha de respetar la libertad de expresión y comunicación en una u otra lengua de cada ciudadano dentro del ámbito territorial en el que esa cooficialidad esté establecida. El Estado no puede intervenir en el ámbito privado o no oficial, imponiendo u obligando al uso de una u otra lengua. Aquí sólo rige el principio de libertad lingüística o el derecho a hablar y utilizar la lengua que se desee, especialmente en el ámbito público comercial, cultural y de los medios de comunicación. Será necesario derogar cualquier norma que vulnere los derechos lingüísticos de los ciudadanos en cualquier ámbito de la vida pública o privada.

2.11 Los derechos sociales

Todos los españoles tienen iguales derechos y obligaciones jurídicas. El Estado ha de disponer de los mecanismos necesarios para asegurar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, la posibilidad de ejercer una profesión o realizar un trabajo digno de acuerdo con sus aspiraciones y posibilidades, el acceso igualitario a los servicios públicos como la sanidad, la justicia, la educación o la jubilación, disponer de una vivienda digna, recibir ayudas relacionadas con la discapacidad o la dependencia, disfrutar de los bienes culturales y el derecho a recibir una información veraz. Nadie debe verse privado de aquello que su creatividad, individualidad, voluntad, esfuerzo y trabajo generen, ni violentado en sus formas de disfrutarlo.
Especial relevancia tiene el asegurar la igualdad de todos los ciudadanos, con independencia del territorio donde vivan, en el acceso a la educación, la sanidad y la justicia como pilares de cualquier Estado de Derecho. Será necesario revisar las actuales competencias de la CCAA en este ámbito y hacer todas las reformas necesarias para garantizar una igualdad efectiva de estos derechos, al mismo tiempo que se avance y promueva una educación y una sanidad de calidad, universal y gratuita.

2.12 El Estado

El Estado es el conjunto de instituciones y normas que organizan y regulan las relaciones sociales en los distintos ámbitos de la actividad humana: trabajo, producción, comercio, consumo, comunicaciones, propiedad, bien común, explotación de recursos, etc. Para promover y defender todos los principios señalados en el artículo 2, el Estado debe constituirse en una organización democrática unificada y eficaz en todos sus ámbitos y niveles.
La libertad e igualdad de todos los ciudadanos exige que el Estado establezca normas generales y comunes aplicables en todo su territorio y que asegure que el funcionamiento básico de la administración y sus instituciones tenga una continuidad y eficacia con independencia del poder político de cada momento.
El Estado se organiza en tres niveles interdependientes y coordinados: municipal, autonómico y nacional, de acuerdo con los distintos ámbitos de actuación. El Estado español es un Estadio descentralizado, pero único; cohesionado pero no uniformado ni homogéneo; diversificado, pero no plural ni plurinacional. No existe un poder central frente a un poder autonómico o municipal; el poder del Estado es único y se organiza en esos tres niveles.
Es responsabilidad del Estado velar porque la legislación emanada de cada uno de estos niveles sea coherente entre sí, no impida la libre circulación de las personas ni el disfrute de los bienes y servicios, el reconocimiento de los derechos sociales y el desarrollo común.
El Estado moderno se fundamenta en la división e independencia de los tres poderes básicos: legislativo, ejecutivo y judicial. Es preciso hacer efectiva esta separación de poderes.
La actual crisis institucional del Estado exige reforzar el buen funcionamiento de la Administración en todos sus niveles, modernizando su infraestructura, profesionalizando a sus funcionarios, asegurando su independencia y agilizando sus tareas burocráticas.
Es necesario, por otro lado, revisar todos los sistemas de ayudas y subvenciones que otorga el Estado (a partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, fundaciones, medios de comunicación, ONGs, instituciones religiosas y organismos autónomos, etc.), con el fin de establecer criterios objetivos de necesidad, eficacia y transparencia, eliminando todo cuanto no esté debidamente justificado y amparado en el bien común.

2.13 Unión Europea

España forma parte inseparable de Europa. Europa es el resultado de una historia compartida y un proyecto común que aspira a mejorar la vida de todos los europeos dotándonos de instituciones y normas que regulen las relaciones entre las distintas naciones y promuevan al mismo tiempo la libertad e igualdad entre todos sus ciudadanos.
La regulación del mercado y la moneda común debe ir acompañada del avance en los derechos civiles, sociales y el control democrático de todas las decisiones comunitarias. El dCIDE defenderá que la acción y legislación de la Unión Europea no se supedite a los intereses económicos, financieros y de poder supranacionales que actúen fuera de toda regulación y control democrático, pero también rechazará el repliegue hacia políticas nacionalistas que vayan en contra del proceso de integración social y política y traten de establecer nuevas fronteras interiores.
La Unión Europea debe avanzar hacia una unificación política más eficaz y democrática, con una política exterior común y el avance en la igualdad de derechos y libertades, al mismo tiempo que impida el desarrollo de ideologías totalitarias, tanto nacionalistas como político-religiosas, contrarias a sus valores culturales y democráticos.

2.14 Unión Ibérica

Frente a los intentos de disolución de España como nación y como Estado democrático, el dCIDE se declara abiertamente partidario de estrechar los lazos culturales, sociales y políticos con Portugal, tanto por razones históricas y geográficas, como de interés económico y estratégico común. Creemos en las enormes ventajas de caminar hacia una integración de la Península Ibérica a todos los niveles que respete la mutua soberanía y potencie todas nuestras posibilidades de desarrollo y colaboración. Es necesario estimular los sentimientos de igualdad, fraternidad y respeto que ya existen entre nosotros, españoles y portugueses, dejando de lado cualquier actitud de superioridad, ignorancia o insolidaridad. Es contradictorio mirar hacia Europa mientras damos la espalda a Portugal. Todas nuestras propuestas y programas de actuación tendrán en cuenta este decidido propósito de construir una Unión Ibérica integradora.

2.15 Comunidad Iberoamericana

El caminar hacia una Unión Ibérica está estrechamente relacionado con la necesidad de ampliar y reforzar nuestra relación con las naciones iberoamericanas reconocidas con la denominación de América Latina, Iberoamérica o Hispanoamérica. Con todas estas naciones compartimos vínculos latinos (la lengua española y la portuguesa, el pasado histórico, la cultura ibérica, el mestizaje) que podemos potenciar en beneficio de una gran Comunidad Iberoamericana que sirva de contrapeso a la imposición de las empresas y grupos multinacionales actualmente dominantes en el mundo. El afianzamiento y profundización de la democracia, la defensa de la libertad y la igualdad frente a los populismos de izquierda y de derecha será la mejor base para esa mutua colaboración y desarrollo cultural, social, comercial, científico y político común. En esta tarea de acercamiento y colaboración podemos apoyarnos decisivamente en la numerosa población de origen hispanoamericano que vive hoy en nuestro país, a la que habrá que prestar una atención especial.

2.16 La educación

La educación y la enseñanza son el instrumento fundamental para asegurar la igualdad de oportunidades, la integración y cohesión social, el desarrollo individual, la socialización, el aprendizaje de los valores democráticos, la transmisión del conocimiento, el aprecio del saber, la ciencia, la cultura y el arte.
A través de la educación y la enseñanza se transmite el valor del esfuerzo, la responsabilidad, la tolerancia, la colaboración y la empatía, se estimula la autonomía y la creatividad y se prepara al individuo para un futuro profesional en que pueda sentirse plenamente desarrollado.
Las sucesivas reformas de nuestro sistema educativo no han sido capaces de definir y aplicar un modelo educativo de calidad que supere los errores pedagógicos, organizativos, de selección de contenidos y de formación del profesorado que siguen sin abordarse con valentía y determinación.
El abandono de las llamadas humanidades y del desarrollo de las capacidades lingüísticas, discursivas y del pensamiento lógico, la sobreprotección del alumno en sustitución de su propia responsabilidad, la falta de adecuación de la escuela al vértigo de los adelantos tecnológicos, (las llamadas tecnologías de la información y la comunicación) y su impacto en la educación integral del individuo, la escasa presencia de la educación en inteligencia emocional, la proliferación de materias sin criterios rigurosos de selección, la saturación de horarios y la dispersión del esfuerzo y la atención de los alumnos, así como descuidar el factor fundamental de la motivación individual, son elementos que es preciso someter a un análisis objetivo que nos permita salir de la actual situación de frustración y fracaso educativo.

2.17 La mujer

La mujer, por su propia condición, ha sido marginada históricamente en todos los órdenes de la vida social, económica, cultural y política de nuestra sociedad. Este hecho es intolerable y nuestro compromiso es transformar radicalmente esta situación hasta alcanzar una verdadera igualdad social entre hombres y mujeres, impidiendo que la diversidad sexual se convierta en discriminación de ningún tipo. Este cambio debe iniciarse en la educación, pero también en el acceso al trabajo, los salarios, los cargos públicos, la política, los puestos de responsabilidad y dirección de las empresas.

A pesar de que nuestra Constitución declara esta igualdad, las mujeres cobran un 35% menos que los hombres porque ocupan puestos peor remunerados y de menor responsabilidad. A nivel mundial, y según la OIT, las 2/3 partes del tiempo de trabajo corresponden a las mujeres, pero sólo cobran el 10% de los salarios y poseen únicamente el 1% de la propiedad.

Debe establecerse un eficaz sistema que asegure la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida social. Debe facilitarse que la mujer pueda desarrollar libremente, sin perjuicio laboral, económico o social alguno, la maternidad, la crianza de los hijos o el cuidado de familiares, lo que es beneficioso no sólo par ella sino para el conjunto de la sociedad.

Especial importancia tiene el romper los estereotipos sexistas, machistas y degradantes de la mujer en el ámbito de los medios de comunicación, el deporte, las redes sociales, la publicidad, la moda y la creación artística. Para impulsar esta transformación social, cultural e ideológica, será necesario establecer leyes que protejan a la mujer del maltrato, la discriminación, el abuso sexual, la prostitución forzosa, la dominación familiar, la imposición religiosa o cualquier otra situación que degrade su condición humana o impida su desarrollo.

2.18 La cultura

La cultura es el conjunto de realizaciones materiales, espirituales y simbólicas que proporcionan un placer o disfrute individual y colectivo, generan sentimientos de pertenencia y fraternidad, ofrecen un sentido no materialista de la vida, enriquecen las relaciones humanas, difunden modelos emocionales y de comportamiento, promueven el conocimiento y fomentan la creatividad a través de expresiones como el arte, la literatura, el cine, el teatro, la música, la danza, la pintura, la fotografía, los medios audiovisuales, la arquitectura, el deporte o la ciencia.
El Estado debe favorecer la creación y el disfrute de la cultura como parte esencial del bienestar y el desarrollo humano, y como factor decisivo en el establecimiento de vínculos sociales de cooperación, tolerancia y convivencia. La existencia de una cultura común no significa la negación o desaparición de la gran diversidad cultural de España, una riqueza histórica y social que se manifiesta en todos los ámbitos y que debe ser preservada, defendida y promovida allí donde los ciudadanos lo demanden o exijan.

2.19 La creación de riqueza

El mundo moderno se caracteriza por un avance extraordinario de las posibilidades de creación de bienes materiales y de consumo basado en un desarrollo tecnológico y de las comunicaciones en permanente evolución. Es imposible apartarse de este proceso que ha adquirido dimensiones globales y que implica el establecimiento de relaciones y dependencias cada día más determinantes.
La economía productiva, basada en el principio irrenunciable de la libertad de mercado, depende de la producción y distribución energética, así como de la comunicación rápida y los transportes. A su vez, todo el sistema productivo se ha hecho dependiente de la acumulación del capital y los mercados financieros, o sea, de una economía no directamente productiva sino en gran parte especulativa. Al desligarse de la economía productiva y convertirse en un mercado en sí mismo, el dinero, liberado de la materialidad de la moneda y sustituido por el dinero virtual, se ha transformado en el factor más determinante de la creación y distribución de riqueza.
El Estado como regulador de las condiciones de producción y trabajo, de los recursos energéticos, las comunicaciones y los servicios públicos que aseguran la cohesión social, ha ido perdiendo poder, libertad y capacidad de acción en el ámbito productivo y financiero. Mientras no existan organismos y mecanismos de poder democrático europeo y global que puedan contrarrestar los abusos de los grandes poderes económicos y financieros, la acción del Estado se verá muy limitada y sujeta a las presiones e intereses no nacionales.
Pero ni la economía es ciega ni funciona por sí sola de modo automático o ajeno a las decisiones que se adopten. El Estado tiene todavía muchos recursos para intervenir de modo decisivo en el rumbo de la economía, la producción, los derechos de los trabajadores y distribución de la riqueza, sin que ello suponga coartar la libertad de empresa, de mercado, de iniciativa y de trabajo, sin la cual no sería posible la creación de riqueza.
La producción y el uso de energías renovables y alternativas procedentes de fuentes naturales deben gozar de protección por parte del Estado, respondiendo así a una demanda social cada vez más sensible al grave problema del cambio climático producido por el uso de energía fósiles.

2.20 La política

Es necesaria una transformación del sentido de la política y del funcionamiento de los partidos políticos que hoy despierta un profundo rechazo social porque favorece la corrupción, la manipulación y el engaño sistemático de los ciudadanos.
Rechazamos la idea de que la política es un instrumento para asaltar el poder del Estado y una vez alcanzado actuar como dueños y poseedores absolutos del mismo. El poder es inseparable de la soberanía y la soberanía es intransferible y su único sujeto es el conjunto de los ciudadanos, con independencia de sus opciones políticas.
La política no ha de tener otro fin que mejorar la sociedad, buscar el bien común, asegurar los servicios sociales, perfeccionar las normas y el funcionamiento del Estado, ofrecer a los individuos las oportunidades óptimas para su desarrollo personal y creativo, corregir las desigualdades fruto de la injusticia, el abuso de poder o los privilegios.

2.21 Los partidos políticos

Los partidos políticos deben organizarse de acuerdo con los principios democráticos y constituirse en modelos sociales, tanto por la honestidad  y buen comportamiento de sus miembros, como por su funcionamiento rigurosamente democrático y transparente.
El modelo de partido heredado del leninismo y los sistemas totalitarios, fuertemente jerarquizado, que favorece el culto a la personalidad y fomenta el hiperliderazgo, debe ser sustituido por una organización nueva mucho más abierta, autocrítica, basada no sólo en principios políticos e ideológicos claros y coherentes, sino en valores éticos, humanos y sociales firmes y positivos, acorde con la sociedad a la que se quiere representar y transformar.
El poder de los partidos debe ser limitado y controlado, sometido a vigilancia, y ejercido siempre dentro de las leyes. Su acción política ha de ser coherente con los principios, proyectos y programas que presentan a los ciudadanos y para los que solicitan su voto y su apoyo.
Los partidos no pueden convertirse en aparatos de poder que generen sus propios intereses y privilegios, que se pongan al servicio de una minoría poderosa y privilegiada que acabe corrompiéndolos, o que se supediten a las pulsiones narcisistas de un líder.

2.22 La corrupción

La corrupción es el aprovechamiento del dinero público para el enriquecimiento personal y para conseguir ventajas de contratación, financiación, subvención o apoyo legislativo por parte de personas, grupos, organizaciones y partidos políticos. Debe perseguirse por todos los medios, legislativos, judiciales y de control y de denuncia ciudadana.
La corrupción socialmente más reprobable es la corrupción política, pero es preciso que la sociedad española tome conciencia de que la corrupción política no se produciría si no existieran otras formas de corrupción que tienen que ver con empresas, grupos financieros, sindicatos, medios de comunicación públicos y privados, organizaciones deportivas y otras instituciones.
Con frecuencia el soborno va unido a la evasión fiscal, la falta de regulación y control financiero y el movimiento opaco de grandes fortunas y capitales. Este gravísimo problema empobrece al Estado y le hace caer en manos de una minoría que actúa sin escrúpulos y con abierta impunidad. Tienen que actuar no sólo los partidos, sino que ha de ser la sociedad en su conjunto la que colabore activamente para denunciar y acabar con estas prácticas corruptas que perjudican a todos, también al progreso y desarrollo de las empresas.

Artículo 3

El ámbito territorial de actuación del Partido dCIDE es el ESTADO ESPAÑOL dentro de la  UNIÓN EUROPEA.

Artículo 4

El domicilio social de dCIDE radica en: Calle Palo de Rosa número 3, portal 2, piso 7º C, D.P. 28005 de Madrid. Su dirección de página web es la siguiente:   http://www.dcide.org.es/ y su dirección de correo electrónico: contacto@dcide.org.es
Tanto el domicilio social como la página Web y la dirección de correo electrónico, podrán ser modificados por acuerdo del Consejo Nacional sin necesidad de modificación de los presentes Estatutos.

2. LOS AFILIADOS

Artículo 5

Podrán ser afiliados de dCIDE los ciudadanos españoles mayores de dieciocho años.
La persona que desee afiliarse al Partido lo hará a través de la Agrupación Local que corresponda a su lugar de residencia, mediante una solicitud escrita y fotocopia de su carnet de identidad, dirección, teléfono y correo electrónico. En la solicitud deberá asegurar que conoce los estatutos de dCIDE y que comparte los principios que este Partido defiende y promueve. Las propuestas de alta serán recogidas por el Consejo de la Agrupación Local que deberá aceptarlas y elevarlas al Consejo Provincial.

Artículo 6

La solicitud de alta deberá estar avalada por dos afiliados del partido que tengan, por lo menos, seis meses de antigüedad en el mismo y no sean objeto de expediente disciplinario o de sanción. Este requisito temporal se aplicará a partir del primer año de constitución del Partido. La solicitud deberá ser aprobada por el Consejo de la Agrupación Provincial correspondiente.

Artículo 7

Cuando la persona solicitante tenga una significación pública o política especial, la admisión deberá ir precedida también por un acuerdo favorable del Consejo Nacional.

Artículo 8

En caso de no aceptación de la solicitud o no ratificación por el Consejo Provincial o Nacional, el rechazo deberá de ser razonado y motivado por el órgano correspondiente y comunicado al solicitante antes de un mes de la presentación de su solicitud.

Artículo 9

El cambio de residencia habitual obligará al afiliado a trasladar su registro de afiliación a la Agrupación Local correspondiente a su nueva residencia, dándose de baja en su Agrupación anterior. En el caso de un cambio de domicilio provisional o transitorio, el afiliado tendrá derecho a intervenir en las deliberaciones y acciones de la Agrupación Local en que quiera participar, pero sin derecho a voto, que mantendrá en su Agrupación Local habitual.

Artículo 10

Todos los afiliados tienen los derechos y deberes siguientes:
a) Impulsar el cumplimiento de los fines del Partido.
b) Presentar las iniciativas que deseen.
c) Conocer, participar en la elaboración, defender y aplicar el programa político, las resoluciones de la Asamblea Local, Provincial y Nacional y los acuerdos de los órganos de dirección del Partido.
d) Tener acceso a la información sobre la situación económica del Partido.
e) Participar activamente y con plena libertad en la vida interna del Partido.
f) Elegir y ser elegido para ocupar cualquier puesto de responsabilidad interna del Partido o fuera de él en su representación, de acuerdo con las normas de elección que para cada caso se determinen.
g) Impugnar los acuerdos de los órganos del Partido que estimen contrarios a la Ley o a los Estatutos.
h) Acudir al órgano encargado de la defensa de los derechos del afiliado.
i) Todos los afiliados elegidos o nombrados de acuerdo con las normas establecidas para ocupar los cargos directivos y de responsabilidad de los diferentes niveles del Partido, podrán participar con plena libertad de palabra y voto en la toma de decisiones y acuerdos. La elaboración de las listas electorales se establecerá mediante el sistema de elecciones primarias y los candidatos afiliados no requerirán aval alguno para poder presentarse, salvo que, mediante acuerdo del Consejo Nacional, previo acuerdo de la Asamblea Nacional, se incluya alguna cláusula restrictiva de carácter general.
j) Abonar periódicamente la cuota establecida mediante domiciliación bancaria, salvo en casos excepcionales en que no sea posible por este medio. Perderá su condición de afiliado quien lleve seis meses sin realizar el ingreso establecido, excepto si existe una justificación aceptada por el órgano correspondiente.
k) Respetar los dispuesto en los Estatutos y en las Leyes.
l) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos directivos del Partido.
m) Ningún afiliado del partido podrá ser desposeído de sus derechos si no es en virtud de una decisión adoptada por los órganos competentes, de acuerdo con el procedimiento que se establecerá en las normas de desarrollo de estos Estatutos.

Artículo 11

Cualquier miembro del Partido podrá darse de baja del mismo libremente mediante la oportuna comunicación por escrito.

Artículo 12

Se considerará falta y podrá dar lugar a las sanciones correspondientes: incumplir los acuerdos del partido; caer o participar de cualquier modo en comportamientos corruptos; filtrar a los medios decisiones del partido que expresamente se consideren internas; incumplir los Estatutos y demás normas que los órganos del partido hayan establecido; difamar a otros afiliados, con especial gravedad cuando se realice a través de las redes sociales y demás medios de comunicación.
El afiliado que incumpliese con sus deberes o incurriere en las faltas señaladas o que con su conducta pública o privada menoscabe o atente contra los principios del Partido, será objeto del correspondiente expediente disciplinario, del que se le dará audiencia, previa notificación por escrito, con arreglo al siguiente procedimiento: apertura de expediente dando al afiliado un plazo de diez días para presentar todas las pruebas y argumentos que aporte en su defensa y de acuerdo con las actuaciones realizadas por un instructor nombrado para tal efecto. El dictamen de resolución del órgano competente se realizará antes de un mes de iniciado el expediente sancionador. El sancionado podrá interponer un recurso interno en el plazo de quince días después de esta resolución, que deberá resolverse definitivamente en los quince días siguientes.
Las sanciones que puedan ser impuestas variarán desde la suspensión cautelar de afiliación hasta la expulsión. La suspensión cautelar será automática en el caso de imputación judicial como investigado en cualquier causa, salvo que la acusación sea manifiestamente malintencionada, injustificada, sin fundamento claro y destinada a desprestigiar a la persona, al Partido o a impedir su acción política.
Con independencia de este procedimiento interno, en caso de dudas se aplicará lo establecido en la Ley de Partidos que establece la suspensión cautelar automática de la afiliación de los afiliados incursos en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción así como la sanción de expulsión del partido de aquellos que hayan sido condenados por alguno de esos delitos.
El sistema de controles internos, incompatibilidades, garantías y sanciones será objeto de un desarrollo específico a partir de este artículo y de todos aquellos que están con él relacionados. Corresponderá al Consejo Nacional el crear el órgano encargado de la defensa y garantía de los derechos del afiliado, nombrando a los miembros de la Comisión de Derechos y Garantías, cuyas funciones concretas se desarrollarán a partir de lo establecido en los presentes Estatutos. La Comisión de Derechos y Garantías es el órgano encargado de garantizar el ejercicio de los derechos de los afiliados, instruir y resolver los procedimientos disciplinarios que en el orden interno se sigan contra afiliados del Partido y aplicar, en su caso, el régimen sancionador derivado de los presentes Estatutos.

Artículo 13

Aquellos afiliados que ocupen cargos internos dentro de dCIDE o puestos y cargos públicos de la Administración del Estado, ya sea por haber sido elegidos o por nombramiento, han de suscribir un Código Ético específico que se establecerá como desarrollo de este artículo y que regulará:
a) El cumplimiento de la normativa sobre declaraciones de bienes y actividades que han de prestar los cargos públicos del Partido.
b) La declaración de bienes y actividades de los cargos públicos del Partido, que habrá de someterse a la aprobación del Consejo Nacional.
c) El cumplimiento de los compromisos que, como garantía del respeto al proyecto y al programa electoral, asuman los candidatos y cargos públicos del Partido.
d) La custodia de los documentos relativos a los compromisos anteriormente citados.

3. PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS

Artículo 14

La organización interna de dCIDE se inspira en los principios siguientes:
a) La democracia como forma de participación de los afiliados en la vida del Partido.
b) El respeto a las libertades de expresión, de conciencia y de libre pensamiento de cada uno de los afiliados. La libertad de discusión y de expresión se extenderá a todos los niveles y ámbitos del Partido.
c) El estímulo para participar en la reflexión, el análisis y la crítica abierta y libre de las ideas, acciones y consecuencias de las decisiones y actuaciones del Partido y de sus órganos directivos. La unidad sólo se puede asentar sobre el flujo constante de la reflexión, el análisis objetivo, la claridad de ideas y el convencimiento personal y colectivo de lo acertado de los acuerdos y decisiones, no sobre la imposición de una disciplina externa. La responsabilidad y la convicción personal deben sustituir a los viejos conceptos de militancia, obediencia, creación de corrientes internas en busca del control del “aparato”, la coacción, el clientelismo, la lucha por el poder o la ocupación de los órganos de dirección.
d) La práctica de la igualdad efectiva en todos los ámbitos de organización y funcionamiento del Partido entre mujeres y hombres, sin discriminación por razones de sexo, edad, condición social, lengua o cualquier otra diferencia.
e) La libertad de opinión y crítica debe ser compatible con el respeto a las decisiones adoptadas por los órganos competentes del Partido, dentro del cual existirá una sola estructura orgánica, una sola política y una sola acción común de acuerdo con las resoluciones adoptadas por las Asambleas y los Consejos Directivos.
f)La elección periódica de los Órganos de Dirección (Consejos), y la posibilidad de revocarlos total o parcialmente.
g) La autonomía de los distintos órganos dentro de la competencia estatutaria de cada uno de ellos.
h) El carácter colegiado y colectivo, no unipersonal, de los Órganos de Dirección, de la distribución de tareas, la ejecución de los acuerdos y la responsabilización de sus consecuencias.
i) La importancia personal, la ambición, la exaltación del yo, la no distinción entre crítica objetiva y ataque personal, la identificación y confusión entre las ideas y la persona que las expresa y defiende, el afán individual de notoriedad, poder y control, todo ello son tendencias y actitudes que se convierten con frecuencia en verdaderos obstáculos para el ejercicio libre de la reflexión y la crítica, la creación de un ambiente de confianza, trabajo y respeto, y deben, por tanto, ser objeto de atención constante para impedir que colapsen o deterioren el buen funcionamiento del Partido y las relaciones personales, que han de basarse siempre en la colaboración, el estímulo, el apoyo y la amistad.

Artículo 15

En aplicación de estos principios de organización, y sin perjuicio de otros aspectos que figuran en estos Estatutos, se establecen las siguientes garantías:
a) En la elección de los Órganos de Dirección y Ejecución de todos los niveles será preceptiva la práctica del voto libre y secreto de los miembros afiliados del Partido o bien de los delegados que los representen en los Consejos.
b) Los acuerdos de los Órganos de Dirección y Ejecución del Partido serán vinculantes para todos los miembros que los componen, con independencia de su posición individual, que podrán expresar tanto externa como internamente.

4. ESTRUCTURA  Y FUNCIONAMIENTO DEL PARTIDO

Artículo 16

La estructura de dCIDE se basa en Agrupaciones, Asambleas y Consejos, que serán respectivamente de carácter local, provincial, autonómico y nacional.
Las Agrupaciones, Asambleas y Consejos Locales, Provinciales y Nacionales coordinan la organización del Partido en su ámbito territorial correspondiente, organizan y dinamizan su actividad. Son responsables de impulsar la política del Partido, establecer los mecanismos de relación y presencia pública, organizar y promover la formación y la información de los afiliados, impulsar el crecimiento del Partido y asegurar la relación fluida entre todas las estructuras.
Todos los órganos de representación y gobierno del Partido determinarán las reglas de deliberación que permitan el contraste de pareceres, en cuyas sesiones se nombrará a un Presidente de la reunión, que dará paso a los debates y deliberaciones correspondientes, asegurando los turnos de exposición, réplica y contrarréplica, con un máximo de un cuarto de hora para cada intervención, de acuerdo con los puntos a tratar en cada deliberación, antes de proceder a su aprobación.
Durante el primer año, a partir de la primera Asamblea Nacional del dCIDE, existirá un Grupo Coordinador formado por los cuatro miembros que avalan y promueven la creación del Partido que asumirá las funciones de representación oficial del mismo en aquellos asuntos para los no se nombre a otra persona a través del Consejo Nacional, una vez sea constituido. El Grupo Coordinador, durante ese mismo tiempo, tendrá capacidad para interpretar, dirimir y concretar aquellos artículos y normas contenidas o derivadas de estos Estatutos que no estén bien definidas o en las que exista una discrepancia que impida algún acuerdo por mayoría en los órganos directivos correspondientes.

Artículo 17

Una Agrupación Local está formada por todos los afiliados del municipio o localidad correspondiente. Cada Agrupación Local elige en Asamblea a un Consejo que asume la dirección de esa Agrupación, cuyo número puede variar en función del número de afiliados. Las Agrupaciones de grandes Municipios podrán dividirse en varias Agrupaciones Locales.
La Agrupación Provincial está formada por todos los afiliados de la provincia correspondiente, que elige en Asamblea a su Consejo Provincial formado por el número de miembros que se determine y que asume la dirección de la Agrupación Provincial del Partido.
En el ámbito autonómico no uniprovincial se constituye un Consejo Autonómico formado por dos miembros de cada provincia elegidos por el Consejo Nacional. El Consejo Autonómico no tiene funciones directivas directas sino de coordinación de los Consejos Provinciales entre sí y con el Consejo Nacional.

Artículo 18

El funcionamiento de las Agrupaciones se basa en la Asamblea que reúne a todos los afiliados de la Agrupación Local o Provincial, y elige al Consejo Local o Provincial.
La periodicidad de estas Asambleas se establecerá con carácter ordinario o extraordinario en función de los asuntos y temas a debatir y acordar, pero como mínimo se realizará una asamblea ordinaria por semestre y será convocada por el Consejo correspondiente, que establecerá el orden del día y el número mínimo de afiliados exigidos para proponer puntos a incluir en el mismo. La convocatoria se hará a todos los afiliados que pertenezcan a cada Asamblea mediante correo electrónico o postal, y a través de teléfono en caso excepcional, y con tres días de antelación. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple, salvo casos específicos en que se pida un mayor quorum, y después de un debate libre y sólo con las limitaciones de tiempo que la mesa que presida la Asamblea decida.
Tanto las Asambleas como los Consejos podrán establecer y nombrar Comisiones para llevar a cabo estudios o tareas correspondientes a los temas o asuntos que lo requieran. En estas Comisiones podrán integrarse miembros que no sean afiliados del Partido, pero que posean conocimientos o experiencia relacionada con las tareas de cada Comisión.

Artículo 19

La Asamblea Nacional es el órgano máximo del Partido y estará formada por los delegados elegidos en representación de todos los afiliados mediante voto directo y secreto y listas abiertas por las Agrupaciones Provinciales, un mínimo de dos por cada provincia más otros miembros en función proporcional al número de afiliados de cada Agrupación. Esta Asamblea Nacional nombrará al Consejo Nacional formado por trece miembros que pueden ser elegidos entre cualquiera de los afiliados, sean o no delegados de la Asamblea Nacional.

Artículo 20

Son competencias de la Asamblea Local y Provincial:
a) Elegir los miembros del Consejo Local o Provincial mediante el voto directo y secreto y a través de listas abiertas, cuya duración será de año natural renovable automáticamente hasta cuatro años, salvo que en la Asamblea correspondiente se pida al menos por un tercio de los afiliados una votación de renovación.
b) Aprobar o rechazar la gestión del Consejo Local o Provincial. Se podrá emitir voto de censura contra el Consejo con la mitad más uno de los votos de los afiliados y revocarlo, en su caso, en Asamblea extraordinaria con un quorum mínimo de 3/4 partes de los afiliados.
c) Aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la Agrupación Local o Provincial.
d) Revocar por mayoría simple a alguno de los miembros por causas justificadas o elegir las posibles vacantes que se produzcan en el Consejo Local o Provincial.
e) Discutir y aprobar las propuestas políticas locales y provinciales correspondientes, y la línea de actuación del Consejo de acuerdo con los principios aprobados en las respectivas Asambleas y en consonancia con las decisiones tomadas en la Asamblea y el Consejo Nacional.
f) Participar en las discusiones y propuestas que definan la política general elevando sus aportaciones a través de los distintos órganos del Partido.

Artículo 21

Son competencias de la Asamblea Nacional:
a) Elegir el Consejo Nacional, cuya duración será de cuatro años renovables cada año en caso de que así lo solicite al menos un tercio de los afiliados del Partido.
b) Aprobar o rechazar la gestión del Consejo Nacional. Se podrá emitir voto de censura contra el Consejo con la mitad más uno de los votos de los afiliados y revocarlo, en su caso, en Asamblea extraordinaria con un quorum mínimo de 3/4 partes de sus delegados.
c) Aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios del Partido.
d) Revocar por mayoría simple a alguno de los miembros del Consejo Nacional por causas justificadas o elegir las posibles vacantes que se produzcan en el Consejo.
e) Discutir y aprobar las propuestas políticas generales, los programas para presentar a las elecciones y la línea de actuación del Consejo Nacional.
f) Modificar los presentes Estatutos y aprobar las normas concretas de desarrollo necesarias para su aplicación.
g) Convocar La Asamblea Nacional al menos una vez al año o siempre que lo solicite al menos un tercio de los afiliados.

Artículo 22

22.1 Organización del Consejo Nacional

a) El Consejo Nacional es un órgano directivo colegiado compuesto por trece miembros que funciona sin el establecimiento de ninguna jerarquía interna. Cada uno de sus miembros tiene la misma capacidad de expresión, decisión y voto. Los acuerdos se toman por mayoría y en cada caso se decide la función de representación y presentación pública de los acuerdos y proyectos sin que nadie asuma la función de Presidente o Secretario General del Partido, ejerciendo la representación del Consejo como Portavoz del Área correspondiente. Sólo existe un cargo que se denominará “Miembro del Consejo Nacional, Portavoz de…” Este mismo principio organizativo se aplicará a los Consejos Local, Provincial y Autonómico.
b) Sus miembros nombrarán a un portavoz para trasladar a los medios de comunicación o a la vida institucional las decisiones del Consejo Nacional cuantas veces se estime oportuno y necesario. Mientras no se haya constituido el Consejo Nacional se encargarán de la representación del Partido los miembros del Grupo Coordinador.
c) Dentro del Consejo Nacional se crearán 13 Comisiones. A cargo de cada una de ellas estará un miembro del Consejo con el cargo de Presidente. Estas Comisiones se encargarán de distintas Áreas en función de las necesidades y las tareas que haya que llevar a cabo a nivel nacional. Estas Comisiones pueden ser: Comisión de Economía, Comisión de Educación, Comisión de Cultura y Deporte, Comisión de Agricultura y Pesca, Comisión de Energía y Naturaleza, Comisión de Política y Servicios Sociales, Comisión de Organización y Administración del Estado, Comisión de Asuntos Europeos e Internacionales, Comisión de Industria, Turismo y Transportes, Comisión Electoral y de Programas, Comisión de Organización, Comunicación e Imagen, Comisión de Seguridad y Defensa, Comisión de la Sociedad Civil. Estas Comisiones podrán estar integradas por personas que no sean afiliados del Partido, expertas o capacitadas por su experiencia y profesión para llevar a cabo el trabajo correspondiente.
d) A efectos de representación legal y jurídica, el Consejo Nacional elegirá a cinco personas entre sus miembros que asuman la responsabilidad legal y jurídica de los contratos y actos que lleve a cabo el Partido relacionados con sus finanzas, patrimonio, actividades públicas y procesos electorales. Se le denominará Comisión de Representación Legal.

22.2 Funciones del Consejo Nacional

a) Convocar la Asamblea Nacional ordinaria y extraordinaria aprobando su orden del día y las condiciones para incluir nuevos puntos en él con relación al número de delegados asistentes a la Asamblea.
b) Elegir a los Consejos Autonómicos y concretar sus funciones.
c) Mantener reuniones y contacto regular con los Consejos Provinciales.
d) Desarrollar, concretar y definir la línea política general de acuerdo con los Estatutos del Partido y los acuerdos de la Asamblea Nacional.
e) Asumir la representación pública del Partido a nivel nacional.
f) Elegir a los componentes y miembros de las Comisiones necesarias para el buen funcionamiento y acción política del Partido.
g) Llevar a cabo la dirección general del Partido a partir de las discusiones y acuerdos del Consejo asumiendo cada miembro la responsabilidad del Área que colectivamente se decida y distribuya.

Artículo 23

Los Consejos Locales, Provinciales y Nacional se reunirán al menos una vez al mes, convocados en cada caso por el propio Consejo en su reunión anterior, quien delegará en uno de sus miembros la elaboración del orden del día concreto. Cuando exista la necesidad de alguna reunión extraordinaria podrá convocarse mediante la petición que hagan al menos tres de sus miembros.
Los acuerdos se tomarán por mayoría simple, previa deliberación, salvo en casos excepcionales en que se requiera la mayoría de 2/3 o de mayoría absoluta según acuerdo del propio Consejo.
No se podrá tomar ningún acuerdo vinculante si al menos no asisten a cada Consejo la mitad más uno de sus miembros. A su vez, cualquier acuerdo requerirá al menos la mitad más uno de los miembros del Consejo asistentes a cada reunión. A todos los efectos se considerará miembro de hecho de la reunión a quien participe en ella a través de videoconferencia o internet.
Para cambiar o introducir puntos nuevos en el orden del día bastará con la petición de tres de los miembros de cada Consejo.
Ningún Consejo Local, Provincial, Autonómico o Nacional podrá tomar acuerdos contrarios a los presentes Estatutos. Cualquier afiliado podrá presentar en su caso la revocación o anulación de cualquier acuerdo que considere vulnera los principios y Estatutos del dCIDE, para lo cual podrá presentar un escrito razonado solicitando su anulación, dirigido al Consejo Nacional, que deberá tramitar a través del Consejo de Derechos y Garantías y resolver antes de un mes. El mismo procedimiento regirá para invalidar cualquier decisión o actuación individual de cualquiera de los componentes o miembros de cualquiera de los Consejos.

5. EL RÉGIMEN ECONÓMICO Y PATRIMONIAL

Artículo 24

El dCIDE carece de patrimonio inicial.
El dCIDE podrá adquirir, administrar y enajenar los bienes y derechos que resulten necesarios para el cumplimiento de sus fines.
Los recursos económicos de dCIDE estarán constituidos por:
a) Las cuotas y aportaciones de sus afiliados, adheridos y simpatizantes.
b) Los productos de las actividades propias del partido político y los rendimientos procedentes de la gestión de su propio patrimonio, los beneficios procedentes de sus actividades promocionales, y los que puedan obtenerse de los servicios que puedan prestar en relación con sus fines específicos.
c) Las donaciones en dinero o en especie, que perciban en los términos y condiciones previstos en la Ley 8/2007 de 4 de julio, de Financiación de los Partidos Políticos.
d) Los fondos procedentes de los préstamos o créditos que concierte.
e) Las herencias o legados que reciba.
f) Las subvenciones públicas que para gastos electorales y gastos de funcionamiento ordinario se establezcan en los términos previstos en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, de financiación de los partidos políticos y otras leyes de Comunidades Autónomas, grupos parlamentarios de las Cámaras de las Cortes Generales y Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, que le puedan corresponder.
El dCIDE llevará registros contables detallados que permitan en todo momento conocer su situación financiera y patrimonial, así como el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, de Financiación de los Partidos Políticos.

Artículo 25

El Consejo Nacional nombrará una Comisión Económica y Financiera Nacional presidida por un Tesorero General y compuesta por otros dos miembros, que será el órgano encargado de la administración económica y patrimonial del Partido y de cumplir escrupulosamente la legislación vigente en esta materia. A estos efectos, el Consejo Nacional otorgará los poderes necesarios para llevar a cabo la función de control financiero de la Comisión con total eficacia y transparencia. A su vez, el Consejo Nacional encargará una auditoría financiera anual a una entidad independiente y externa que asegure el buen funcionamiento y control de toda la actividad económica de la que se responsabilice el Partido.

Artículo 26

Serán competencias y obligaciones de la Comisión Económica y Financiera Nacional:
a) El mantenimiento de los Libros de Contabilidad, Tesorería, Inventarios y Balances que permitan en todo momento conocer la situación económica en todos los niveles de organización del Partido.
b) La elaboración de los presupuestos de funcionamiento ordinario y extraordinario, así como los presupuestos de las campañas electorales. La presentación del presupuesto ordinario ante la Asamblea General deberá ir acompañada de un informe económico y de balance.
c) La elaboración de las cuentas anuales y su presentación ante el Tribunal de Cuentas.
d) La supervisión de los responsables de la gestión económico-financiera de nivel autonómico y provincial, si existiesen.
e) Las funciones en materia de ordenación de pagos y autorización de gastos que en su caso señalen los Estatutos.
f) La dotación de los instrumentos de control interno adecuados para la fiscalización de la actividad económica de las Agrupaciones Locales y Provinciales
g) La solicitud, cuando haga falta, de auditorías externas concretas, así como la intervención de las cuentas de cualquiera de los órganos del Partido.

Artículo 27

Corresponde al Consejo Nacional la supervisión de toda la actividad de la Comisión Económica y Financiera Nacional. Se publicará en la página web del Partido la información especificada en el artículo 14 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de Partidos Políticos, en la que se especifique el balance, la cuenta de resultados, la cuantía de los créditos pendientes de amortización, la entidad concedente, el importe otorgado, el tipo de interés y el plazo de amortización, así como las subvenciones recibidas y las donaciones y legados de importe superior a 25.000 euros con referencia concreta a la identidad del donante o legatario, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7.5 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.
Además, el Consejo Nacional llevará la supervisión del Libro o fichero de Afiliados y el Libro de Actas, los Libros de Contabilidad, Tesorería y de Inventarios y Balances que permitirán en todo momento conocer su situación financiera y patrimonial y el cumplimiento de las obligaciones previstas en la legislación en vigor.

6. REFORMA DE LOS ESTATUTOS

Artículo 28

La modificación y el desarrollo de los presentes Estatutos deberá ser aprobada por mayoría simple de la Asamblea Nacional a propuesta del Consejo Nacional.

7. DISOLUCIÓN DEL PARTIDO

Artículo 29

dCIDE se podrá disolver por mayoría de dos tercios de sus afiliados mediante una Asamblea Extraordinaria convocada a tal efecto.

Artículo 30

El patrimonio resultante en el momento de la disolución, una vez satisfechas las obligaciones financieras que existieren, se destinará a cualquier entidad benéfica que decida la Asamblea Extraordinaria convocada a tal efecto.

Artículo 31

A efectos de legalizar los presentes Estatutos de dCIDE, los promotores y miembros del Grupo Coordinador, lo avalan y representan:

Antonio Robles Almeida

Marita Rodríguez Hidalgo

Santiago Trancón Pérez

Susana de la Cuesta González

Barcelona 17 de Junio de 2016