Tenía en cartera escribir el segundo acto que da continuidad al artículo anterior, pero voy a hacer un inciso esta semana con una valoración de un aspecto nada irrelevante del auto judicial que abre el procesamiento del gobierno sedicioso catalán suspendido en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española.
El aspecto concreto que voy a comentar, de dicho auto, tiene una trascendencia y significación tan fundamental que a mi juicio contextualiza y explica todas las imputaciones que subsiguen a lo largo del auto. Es fundamental tener como contexto del auto esas líneas redactadas por la juez, pues son de tal relieve y gravedad que no pueden escapar a los ojos de ningún observador imparcial propio del ámbito jurídico o externo, tanto por su claridad expositiva como por su valor incriminatorio. No me he resistido a la tentación de redactar esta interpretación que a continuación expongo.
La Juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha imputado y privado provisionalmente de libertad a los miembros del Gobierno secesionista, a la espera de la extradición del presidente y los consejeros presuntamente huidos. Este hecho ha provocado la falaz acusación al Estado de un encausamiento político contra los sediciosos. Como no podía ser de otra manera la alcaldesa de Barcelona no pierde ocasión para poner en solfa las resoluciones judiciales. Hay que preguntarse en qué manos se encuentra una ciudad tan importante como Barcelona cuando se permiten expresiones de su más alta mandataria que sojuzgan las actuaciones derivadas del Estado de Derecho. Yo si fuera contribuyente de la ciudad condal pondría en cuestión las decisiones de la edil que lejos de gobernar bien los intereses de los barceloneses se mete en camisa de once varas que son ajenas al mandato consistorial, incitando a la contestación a las instituciones del Estado.
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