Servicios sociales

ASEGURAR LAS AYUDAS Y SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS PARA QUIENES MÁS LO NECESITAN

 

Nuestra sociedad, fundamentada en el principio del respeto a la propiedad privada, la libertad de mercado, la acumulación de riqueza, la libre competencia e iniciativa particular, ha generado un alto grado de desarrollo y bienestar material que se ha extendido a gran parte de los trabajadores y clases medias. En este reparto de los bienes y la riqueza ha sido fundamental la intervención del Estado, no sólo regulando las relaciones entre trabajadores y dueños de los medios de producción y distribución, sino creando las condiciones para ese desarrollo, controlando la explotación de los recursos naturales y la defensa del medio ambiente, desarrollando infraestructuras, extendiendo de la educación, la sanidad y la protección social a todos los ciudadanos, promoviendo los sectores industriales básicos, creando las condiciones jurídicas, de seguridad y defensa imprescindibles para el orden y la convivencia, etc. El Estado tiene que seguir cumpliendo su misión impulsora, reguladora y redistributiva.

Pero el capitalismo actual ha generado, al mismo tiempo, grupos de exclusión y marginación cada día más extensos, incapaz de integrar dentro de su sistema productivo y de bienestar a capas de la población que, herederas de una situación de precariedad y pobreza, han ido perdiendo toda oportunidad de mejora, empezando por la imposibilidad de acceder a un mercado de trabajo cada día más escaso y en condiciones de sobreexplotación e inseguridad. Es aquí donde la labor del Estado es imprescindible para evitar la degradación de la vida de las personas y recuperar sus dignidad.

Partimos del principio de que, ni los que más tienen se lo deben todo (o solo) a su esfuerzo y capacidad, ni los que menos tienen son culpables de su situación. Valoramos el esfuerzo y la necesidad de que cada ciudadano se haga cargo de su propia vida, pero también somos conscientes de que la pobreza y la exclusión crean muchas veces condiciones de imposible solución individual.
Las ayudas y servicios sociales tienen que tener una doble dimensión: por un lado, ser universales e iguales para todos los ciudadanos; por otro, atender a quienes más lo necesitan. Tanto unas como otras no deben considerarse dádivas fruto del altruismo o la caridad, sino consecuencia de los derechos fundamentales de la persona.

 

De acuerdo con esto, proponemos:

El Estado debe asegurar a los ciudadanos que no dispongan de ello, una vivienda digna que los proteja del frío y el calor, que asegure el suministro de agua, luz y energía.

El Estado debe asegurar a los ciudadanos que carezcan de medios y recursos, alimentos suficientes para su supervivencia y la de su familia (niños y personas dependientes).

El Estado debe asegurar a todos los ciudadanos una asistencia sanitaria básica que proteja su salud, reciba atención en caso de enfermedad o accidente y le proporcione los medicamentos que necesite.

El Estado debe asegurar una renta mínima a quienes por circunstancias particulares o familiares se encuentran sin ninguna otra fuente de ingresos para poder cubrir sus necesidades básicas de alimento, vivienda, vestido, protección de la familia, dependencia, discapacidad o cualquier otra circunstancia de extrema pobreza o necesidad.

El Estado debe proteger a todos los parados, y en especial a los de larga duración y mayores de 45 años, asegurando unos ingresos mínimos.

Especial atención necesitan las personas dependientes, los discapacitados, los enfermos crónicos, los niños en situación de pobreza y abandono, las mujeres víctima de la violencia machista, las amas de casa cuyo trabajo no es remunerado ni reconocido, las personas sin techo ni hogar, los drogodependientes, las víctimas de abusos sexuales, la trata de blancas, la sobreexplotación laboral, el sometimiento a normas religiosas o familiares contrarias a los derechos humanos, los refugiados económicos y políticos, etc.

El Estado tiene que atender a todas las personas que, sin una ayuda adecuada, no son capaces de salir de su situación de pobreza y exclusión social. Debe hacerse, además, teniendo procurando que estas ayudas no fomenten la economía sumergida, entendida y consentida muchas veces como una forma de paliar la situación de los más desfavorecidos.

Dado que con la crisis ha aumentado el número de personas necesitadas, es preciso establecer un control riguroso de todas las ayudas y recursos para evitar duplicidades, la acumulación encubierta de ayudas, los engaños, la desviación de fondos para fines no justificados, la falta de equidad o de objetividad de criterios y requisitos para recibir ayudas, etc.

Creemos necesario que sea el Estado Nacional quien establezca, controle y asigne este tipo de ayudas, de acuerdo a una norma general, evitando, como ahora, que las Comunidades, las Diputaciones y los Ayuntamientos establezcan por su cuenta las condiciones y la cuantía de las ayudas sociales. La intervención de estas otras instituciones públicas debe limitarse a aquellos casos y condiciones específicas que tengan origen en el hecho de vivir en un lugar u otro de residencia y que no estén contempladas en las normas generales.

Es preciso distinguir este tipo de ayudas sociales de otras formas de ayuda, ya sean directas (subvenciones) o indirectas (rebaja o exención de impuestos) que el Estado realiza para apoyar determinados sectores industriales, culturales, medios de comunicación, de cooperación y ayuda al desarrollo, ONGs, fundaciones, sindicatos, partidos, etc. Proponemos que este capítulo de los presupuestos generales del Estado sea rigurosamente revisado, justificando en cada caso su utilidad social y teniendo en cuenta el efecto retorno, anulando ayudas que encubran fines espurios, clientelares, de pago de favores, o simplemente no prioritarios o imprescindibles. Dada la escasez de recursos del Estado para atender a otras necesidades, no se pueden mantener ayudas a entidades y organismos simplemente por inercia o para mantener privilegios, especialmente los ligados a partidos políticos o a organismos en los que se recolocan los cargos públicos una vez que cesan de su responsabilidad.

 

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